La reforma del Tribunal Constitucional (TC) que propone el PP para sancionar a los cargos públicos que incumplan sus sentencias se aprobará el próximo jueves en el Congreso, una vez que el 27S haya dibujado el nuevo mapa político catalán y desvelado la fuerza con la que cuenta el independentismo.
En el pleno del jueves se debatirán, votarán, y previsiblemente se rechazarán con los votos del PP, las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición pidiendo la supresión de una reforma que consideran es "electoralista", "torticera" e "innecesaria".
La enmienda de supresión del grupo socialista apunta las "graves contradicciones" con la Constitución que generará esta reforma que, en su opinión, tampoco servirá al objetivo de afrontar una eventual independencia de Cataluña.
Así, recuerda que además de dar al TC potestad para hacer cumplir sus sentencia y sancionar a quienes las desoigan, también dota al alto tribunal de capacidad para suspender de sus funciones por un tiempo indeterminado a cualquier autoridad, incluido el presidente del Gobierno, por el incumplimiento "aún parcial" de una resolución.
Esto, según señala el grupo socialista, puede suponer la suspensión del jefe del Ejecutivo sin tener en cuenta los mecanismos previstos constitucionalmente para este procedimiento en las Cortes.
Al igual que el PSOE, también la Izquierda Plural pide que se suprima la reforma con la que considera que el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy se van saltar "todas las reglas del juego democrático" poniendo incluso "en riesgo" la convivencia de los ciudadanos.
"Pretenden, ni más ni menos, la modificación de la naturaleza y de las funciones de lo que debería ser uno de los pilares del sistema democrático, el TC, y lo hacen sin debate, sin acuerdo con nadie y con trampas para evitar los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial", lamentan.
Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), por su parte, denuncia en su enmienda a la totalidad que la reforma modifica "peligrosamente" los equilibrios y contrapesos institucionales y va dirigida expresamente contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
"Es una iniciativa ad hoc antipersona, concretamente anti-Presidente Mas", señalaba el portavoz de CDC en el Congreso, Pere Macias, en alusión a la posibilidad de que el TC pueda sancionar al presidente de la Generalitat por incumplir sus sentencias.
En esa misma línea, el PNV ha planteado tres enmiendas parciales para reclamar que se dejen sin efectos las modificaciones planteadas por el PP, que tilda de electoralistas. "Indubitadamente es una ley ad hoc contra hipotéticos comportamientos incumplidores de las resoluciones del TC por parte de las instituciones catalanas", afirma.
UPyD, por último, ha presentado una enmienda con texto alternativo, en la que plantea otras modificaciones para mejorar la iniciativa del PP.
Así, propone que en lugar de dar potestad al TC para hacer cumplir sus sentencias y sancionar a cargos públicos si las ignoran, se cree un nuevo delito de incumplimiento de resoluciones del Constitucional en el Código Penal y que sea el Tribunal Supremo el que tenga capacidad para instruir estas causas.
Font: La Vanguardia
