Las Directrices 1/2026, de 14 de abril, aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), garantizarán la privacidad de las familias divorciadas o separadas ya que no se verán obligados a “desnudar” su intimidad entregando copias íntegras de sus sentencias o decretos de separación o divorcio y convenios reguladores ante colegios, clubes deportivos, administraciones o entidades privadas. A partir de ahora, los progenitores podrán solicitar ante los tribunales de instancia certificados que acoten la información estrictamente necesaria requerida por terceros.

Esta directriz nace a iniciativa del abogado Alfonso Pacheco Cifuentes que advirtió del tema en su día sobre esta cuestión. Este experto en privacidad, asesor en distintos centros educativos, detectó el problema a finales del 2022 de toda esa información que aparecía en sentencias y convenios reguladores. Traslado la preocupación s la AEAFA en aquella etapa estaba presidida por Maria Dolores Lozano. A partir de ahí, la AEAFA trasladó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y al Consejo General del Poder Judicial esta cuestión “De la propuesta realizada por la AEAFA, se ha advertido la necesidad de realizar alguna actuación que garantice el cumplimiento del principio de minimización de datos por parte de los órganos jurisdiccionales”, señala el CGPJ.

Tanto la AEAFA como Alfonso Pacheco hicieron ver a la AEPD que en aquel momento era presidida por Mar España y al CGPJ la necesidad de limitar la información que, de forma rutinaria, se transmite a terceros, principalmente centros educativos, colegios, clubes deportivos, administraciones, entidades sanitarias o privadas donde participan niños, niñas y adolescentes de padres divorciados o separados. Se mantuvo una reunión entre AEPD, CGPJ, AEAFA y el propio Pacheco para abordar el tema, Con posterioridad la nueva cúpula directiva de la AEPD, con Francisco Perez Bes, adjunto a la presidencia volvió a retomar el tema en otra reunión con la propia AEAFA y el propio abogado.

Hasta ahora, la práctica habitual cuando, por ejemplo, un colegio solicitaba información a una familia sobre quién podía recoger al niño o la niña, consistía en presentar la sentencia de divorcio o el convenio regulador en su totalidad.

“Esto provocaba la exposición innecesaria de datos sumamente sensibles, tales como los detalles sobre la salud física o psíquica de los progenitores, la situación económica y patrimonial de la familia, posibles antecedentes judiciales, pensiones de alimentos, pensiones compensatorias, uso de la vivienda conyugal o los conflictos entre los progenitores”, explica la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, quien se muestra satisfecha por haber podido culminar esta tarea.

A partir de ahora, se limitará la información remitida a terceros a la estrictamente necesaria, como puede ser: patria potestad; guarda y custodia; atribución de determinadas facultades, como la recogida de los menores en el centro, quién se hace cargo de determinados gastos escolares, quién puede decidir sobre la realización de una actividad extraescolar o autorizar la publicación de imágenes de los alumnos en una red social del centro; órdenes de alejamiento; etc.

“La nueva directriz pone fin a esta práctica para proteger de manera eficiente los derechos de los menores, dada su situación de especial vulnerabilidad. A partir de ahora, será suficiente con acreditar exclusivamente aquellos datos que hayan sido efectivamente reclamados”, incide la presidenta de la AEAFA.

Para facilitar este procedimiento, el CGPJ ha habilitado unos formularios estandarizados que permiten a particulares y procuradores solicitar a los juzgados certificaciones limitadas únicamente a los extremos necesarios. De este modo, los órganos jurisdiccionales emitirán los certificados omitiendo los datos personales cuya inclusión no sea estrictamente pertinente, erradicando así la entrega de documentos judiciales en su integridad a terceros.

Respeto a la intimidad familiar

"Constituye un hito importante, un gran avance en la privacidad de los progenitores y de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su patria potestad y guarda y custodia. Hasta ahora, los destinatarios de estos certificados recibían sentencias, decreto y convenios reguladores íntegros. Por tanto, colegios, entidades deportivas y sanitarias o administraciones tenían acceso a una cantidad ingente de información que no necesitaban. Las familias se quedaban desnudas ante centros educativos, sanitarios e instituciones privadas o públicas de forma absolutamente innecesaria”, explica el abogado especializado en protección de datos, Alfonso Pacheco.

En su opinión, estos certificados simplifican mucho la actividad de los centros educativos, este tema se ha ralentizado por los últimos cambios producidos en el CGPJ a nivel de organización interna, con nuevos vocales y presidenta “le da la información adecuada y no tiene que interpretar nada. Se trata de seguir lo que indique el contenido de ese certificado.

“No obstante, creo que hay margen de mejora en relación con los formularios aprobados finalmente por el CGPJ. Estas solicitudes obligan a hacer constar ante qué entidad concreta se va a presentar el certificado. Esto ignora la sugerencia que hice junto a la AEAFA, ya que un mismo progenitor suele necesitar acreditar estos extremos ante múltiples centros (médicos, escolares, deportivos, administraciones públicas, etc.) Lo suyo hubiera sido tener un formulario con un encabezamiento específico. Ahora obliga a pedir un certificado para cada destinatario, eso supone multiplicar el trabajo de forma poco practica”, lamenta Pacheco.

En este escenario cree lógico que “los Colegios de Abogados con las relaciones que tienen con los Letrados de la Administración de Justicia trabajen en ese sentido para que los propios LAJS emitan un único certificado. De esa forma se ahorrarían otras peticiones, cada una tendría su certificado propio. Si se pide es porque se necesita. El problema es la situación de los juzgados al borde del colapso”.

Para Alfonso Pacheco “En la práctica, una misma persona tendrá que solicitar tantos certificados como destinatarios y, eso, resulta poco operativo y práctico. Este tipo de certificaciones se pedirán porque se necesitan con la mayor inmediatez posible. Los tribunales de instancia están colapsados y esto supondrá una mayor carga de trabajo reiterativa e innecesaria”, alerta

En su opinión el caballo de batalla está ahora, además de hablar con los LAJS para que emitan un único certificado, es abordar el tema con las Consejerías de Educación porque tendrán que modificar sus protocolos sobre el trato de los centros educativos con los padres y madres separados o divorciados. Dentro de esos protocolos se habla de pedir la sentencia o el convenio en concreto. “Habrá que modificarlos y dejar claro que los juzgados pueden emitir certificaciones parciales. Y que ese documento parcial es el que habría que dar prioridad. Sino se cambia ese protocolo, y se trae el certificado parcial, el colegio podría no admitirlo y se le pediría la sentencia completa”.

Así se puede solicitar

“La colaboración entre el CGPJ y la Agencia Española de Protección de Datos, junto con la propuesta realizada por la Asociación Española de Abogados de Familia, han permitido detectar la necesidad de establecer medidas que garanticen el cumplimiento del principio de minimización de datos por parte de los órganos judiciales cuando se vean afectados intereses de los menores, dada su situación de especial vulnerabilidad”, señala el CGPJ.

Las solicitudes de información al órgano judicial podrán realizarse por medios electrónicos, bien con la intervención de un procurador bien directamente por los progenitores, para lo que se habilitarán unos formularios específicos en los que podrán indicarse los datos requeridos.

El CGPJ dará traslado de las directrices y de los formularios a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para su distribución entre los órganos jurisdiccionales de sus respectivos territorios; al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su entrega a los letrados/as de la Administración de Justicia; y al comité Técnico Estatal de la Administración electrónica (CTEAJE) para su distribución a las administraciones autonómicas con competencias en materia de justicia.

Con este certificado se informe de lo esencial y se evita, como señalan desde AEAFA y el propio Alfonso Pacheco que las familias tengan que dar información adicional sobre la situación familiar que suele aparecer en las sentencias y que realmente no aporta nada importante, salvo que deja abierta la intimidad y particularidades de esa familia.

Redacció: Luisja Sánchez 

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