Por Abel Pié, decano del Colegio de Abogados de Manresas y presidente del Consell de l’Advocacia Catalana
Pasados los primeros 100 días del nuevo ministerio es el momento de empezar a actuar. De ejecutar acciones y resolver peticiones, solicitudes y reclamos. Este debe ser el cometido del nuevo Ministro de Justicia. Sabemos que no tiene empresa fácil. Pero el tiempo ya ha dejado de ser excusa.
No podemos entender una sociedad sin justicia. Para que exista justicia, para que se pueda impartir, pedimos eficacia y eficiencia. Desde hace décadas, la justicia española ha sido eficaz. Un sistema judicial garantista da respuesta a aquellas situaciones en las que solicitamos auxilio judicial; aunque en nuestro caso con lentitud y con precarios recursos humanos, materiales y tecnológicos. Pero en esta última legislatura, la justicia ha perdido eficacia: las tasas judiciales limitan el derecho a reclamar justicia, sobretodo en segunda instancia, en que las tasas penalizan su acceso. Si no fuese por unas tasas limitadoras al acceso judicial, mantendríamos la eficacia de la justicia, porque cualquier litigio tendría respuesta en un juzgado o tribunal. Pero ya no es así.
Además de eficacia, a la justicia le debemos pedir eficiencia. En este punto no sólo suspendemos, sino que estamos bajo cero. Una sociedad moderna no puede permitirse el lujo de tener un sistema judicial ineficiente. No saber cuándo una disputa contenciosa tendrá resolución, cuándo un hecho ilícito penal tendrá respuesta, son ejemplos de una justicia no eficiente. Un buen mandatario debe plantear cómo mejorar la eficiencia de la Justicia. Cualquier estado democrático debe tener una justicia garantista, eficaz y eficiente. Y éste debe ser el cometido del nuevo ministro.
Los abogados y abogadas pedimos a Rafael Catalá que realice aquello que ningún ministro ha realizado hasta el momento: los pactos de estado para una justicia eficiente, una justicia que esté al servicio de los ciudadanos y dé garantías de convivencia en un estado de derecho. Para ello son necesarios los siguientes requisitos:
1) La justicia debe ser de libre acceso. No deben existir tasas judiciales para aquellos que solicitan el auxilio de la justicia de forma extraordinaria. Quizá deberíamos analizar las sociedades mercantiles que gracias a la justicia aumentan su cuenta de explotación, sobretodo si no han explorado otras vías alternativas antes de acudir a lo juzgados, como la mediación o el arbitraje. Estas sociedades, con sus masivas presentaciones de demandas, provocan el colapso de los juzgados; normalmente se trata de sociedades mercantiles calificadas como grandes empresas y que semanalmente presentan demandas judiciales por lotes. Valoremos si éstas deben pagar alguna tasa. Pero, ¿los ciudadanos? ¿las pequeñas empresas? ¿las medianas empresas? ¿aquellas grandes empresas que presentan un único litigio al año? Rotundamente, no.
2) La justicia debe ser de proximidad. No deben alejarse los juzgados de las personas. El servicio público que presta la justicia a los ciudadanos debe ser percibido por éstos como algo propio, que les da el servicio reclamado. Debe servir como aquel instrumento que si el derecho se transgrede penalmente o administrativamente, la respuesta será eficaz y eficiente. Debe servir como aquella herramienta que da garantía al cumplimiento de las obligaciones. Debe servir como aquel mecanismo que garantiza los derechos de las personas.
3) La justicia debe ser social. Se debe dar respuesta a la crisis económica y financiera más grave que hemos vivido. Tenemos una bolsa de pobreza importante. De personas y familias que han perdido su dinero, su trabajo, su vivienda; no sólo han perdido su hogar sino que también están perdiendo su vida. Desde los poderes públicos se ha intervenido en la economía, se ha priorizado la salvación del sistema financiero. Ahora toca las personas. Se debe promulgar una ley de la segunda oportunidad. Aquellas personas, familias, colectivos que han quedando fuera de la sociedad o que serán expulsadas del sistema, que únicamente tienen la esperanza de acudir a los servicios sociales municipales, a los bancos de alimentos o esperar a que puedan optar a las ayudas anuales que se publican en el BOE, deben atisbar una salida del túnel propiciada por una segunda oportunidad. Aquellas personas que en 5, 10 o 100 años no podrían devolver la deuda contraída, les debemos buscar una solución para que vuelvan a renacer, para que se sientan libres e iguales, como pregona la declaración de derechos humanos.
4) La justicia debe ser de personas para las personas. Se debe dotar de más plazas y mejorar la ratio de jueces por habitantes. Recuperar a jueces sustitutos que fueron expulsados de la profesión, para garantizar el servicio en plazas vacantes. Y en aquellos territorios donde hay más de una lengua oficial, que sea requisito para el ejercicio del cargo de juez, magistrado, secretario judicial o, en general, personal al servicio de la Administración de Justicia, el conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas cooficiales a los efectos de poder cumplir con los derechos lingüísticos de los ciudadanos usuarios de este servicio público, así como el conocimiento del derecho propio, si lo tuviere. El respeto no solo se debe exigir, sino que se debe prestar.
5) La justicia debe ser del siglo XXI. Esta administración es la que está más alejada de la sociedad de la información. Debemos modernizarla y seguir los ejemplos que otras administraciones han realizado. Un esfuerzo que debe ser liderado por el Ministerio, pero que debemos obligarnos todos aquellos que trabamos con la administración de justicia: personal, profesionales y ciudadanos.
6) La justicia debe ser para todos. Una justicia que se vete a aquellos que no tengan recursos, no es justicia. Una reforma de la ley de justicia gratuita, que no se realice con el consenso de los profesionales que día a día trabajamos en los juzgados, es una ley que va a ser ineficiente y que va a restringir los derechos de los ciudadanos. La ley y la justicia están al servicio de los ciudadanos, sea cual fuere su condición y su capacidad económica.
Esto es lo que le pedimos al nuevo ministro. La justicia debe ser de presente y de futuro. Pero en 300 días que quedan de legislatura se pueden hacer muchas cosas. Se pueden establecer las bases para tener una justicia eficaz y eficiente. Una justicia de proximidad, social, de personas para las personas, del siglo XXI, una justicia para todos, en un estado social, democrático y de derecho. Nos lo merecemos.
Font: lawyerpress.com
