La abogacía institucional y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están condenados a entenderse y a trabajar de forma conjunta. Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez  habría pedido ayuda y asesoramiento legal al CGAE para la regularización de los más de 500.000 inmigrentes, ya anunciado por el Ejecutivo hace unas semanas, la abogacía institucional ha recordado a la ministra, la preparación de sus abogados de extranjería. Al mismo tiempo el presidente González ha pedido a Sáiz que agilice la tramitación de la Pasarela al RETA. Vaya lo uno por lo otro.

Esta regularización masiva un trabajo complicado que se necesitan abogados especializados en la materia. En esa reunión de este miércoles tarde  en la que estuvieron presentes la ministra Elma Sáiz con Salvador González, presidente del CGAE, acompañado por el decano y presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía Española, Blas Jesús Imbroda, la Abogacía Institucional puso sobre la mesa los 28.000 abogados especializados que hay en la materia en nuestro país más el servicio de extranjería en el turno de oficio.

Curiosamente en la otra punta de Madrid, el Congreso de los Diputados volvía a dar otro rapapolvo al Gobierno de Sánchez. El Congreso rechazaba por mayoría absoluta la regularización masiva de inmigrantes ilegales de Sánchez a través de una moción que no tiene carácter vinculante para el Gobierno de Sanchez, que ya anuncio que al no tener mayoría parlamentaria lo aprobará por decreto.

Según se ha conocido al final de la tarde, la moción, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, ha sido aprobada con los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. El respaldo del Pleno a esta moción supone que la Cámara Baja insta al Ejecutivo a renunciar, de inmediato, a la regularización extraordinaria de inmigrantes por carecer de requisitos, ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

En declaraciones a Lawandtrends, Salvador González, explicaba que ha sido una reunión bastante fructífera con dos temas de calado en el transcurso de la misma. “en ese proceso de regularización con varias administraciones que se va a poner en marcha vamos a trabajar para que nuestros abogados especializados en extranjería, más de 28.000 en todo el país, con una notable experiencia en esta practica tanto en materia de otras regularizaciones, permisos y otras cuestiones deben tener un papel importante en esta nueva regularización que se plantea por el Ejecutivo”. Lo siguiente según nos cuenta será una mesa de trabajo técnica para poner las bases de esa colaboración.

Desde la Abogacía Institucional se es consciente que un proceso que supone regularizar a más de 500.000 inmigrantes en nuestro país, necesitan de abogados especializados para proteger los derechos de estos ciudadanos y evitar que caigan en las garras de cualquier mafia de cualquier índole. En este caso, contar con este colectivo de profesionales formados y expertos referentes a nivel internacional como es el caso de Blas Jesus Imbroda son garantías indudables que se hará un trabajo serio y riguroso para que estos ciudadanos puedan regularizar su situación sin merma de sus derechos.

Para el propio González, el trabajo de estos abogados es fundamental para proteger a estos ciudadanos. Al parecer al CGAE han llegado noticias que se están abriendo páginas web de dudosa procedencia donde también se habla d regularización pero que no ofrecen confianza ni seriedad “Los abogados y abogadas somos los profesionales preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos inadecuados”.

La pasarela al RETA es necesaria

El otro tema de esta reunión de trabajo ha sido el de la Pasarela al RETA. Un objetivo por el que la abogacía institucional y las asociaciones de abogados vienen luchando desde hace tres años. El propio presidente González ha transmitido a la ministra la urgencia de que culmine la tramitación de la reforma que permitirá que miles de abogados y abogadas mutualistas reciban unas pensiones dignas, como señala la Constitución Española.

Por el momento la intranquilidad es notable en el colectivo de afectados, más de 100.000 en nuestro país,  que ven que ya han transcurrido tres meses de este 2026 y la tramitación en el Congreso está parada. A este respecto hace unos días  Plataforma Pasarela al RETA y Movimiento #J2, asociaciones de afectados denunciaron  el bloqueo del PSOE a una solución que ya respalda la mayoría absoluto del Congreso tal y como explicamos en una información anterior

La Proposición de Ley, presentada por el Grupo Socialista y publicada en el Boletín del Congreso el 29 de noviembre de 2024, lleva más de un año prácticamente paralizada. La ponencia encargada de elaborar el texto se constituyó el 18 de noviembre de 2025 y, desde entonces, los avances han sido mínimos. En este tiempo, miles de colegiados han alcanzado la edad de jubilación sin saber qué pensión les corresponderá y muchos se han visto obligados a seguir trabajando.

Sobre la mesa de debates ejes irrenunciables: primero, principio 1x1 sin excepciones, cada día cotizado en la mutualidad reconocido como día cotizado en la Seguridad Social; segundo, incorporación voluntaria con tiempo e información suficientes para que cada mutualista decida; tercero, transferencia sin pérdidas y pasarela para todos: activos, pasivos, enfermos, quienes agotaron su fondo. Cualquier criterio de exclusión reproduce la desigualdad que se quiere corregir.

 En este sentido, González ha expresado su confianza en que se alcance de forma inmediata un consenso que permita aprobar la ley que necesitan los profesionales. Durante la conversación, la ministra ha coincidido en la necesidad urgente de solucionar esta problemática. “Hemos pedido que se termine la tramitación con urgencia y tengamos por fin esa ley. Para nosotros es importante que la nueva norma abarque a toda la abogacía afectada y que proteja el derecho constitucional a una pensión digna para todos”.

Según nos comenta el presidente del CGAE, la conversación con la ministra Sáiz ha servido para constatar el interés de este Ministerio de Seguridad Social por resolver este tema que afecta a un colectivo de abogados y procuradores. Esa pasarela al RETA afecta a miles de abogados y abogadas, a los que se suman, cada año, más de 1.000 profesionales de la abogacía, que alcanzan su edad de jubilación. “ Nosotros seguimos insistiendo en resolver este asunto. Ahora son los partidos políticos, con los que no hemos dejado de estar en contacto y a los que vamos a volver a pedir que alcancen el consenso necesario y resolver este problema”, ha subrayado González.

Redacció: Luisja Sanchez

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Font: www.lawandtrends.com