La inteligencia artificial (IA) está revolucionando numerosos sectores. El legal no se queda atrás. La automatización de tareas rutinarias, el análisis de grandes volú menes de información e incluso la redacción de documentos están siendo un gran atractivo, si bien su uso incorrecto puede tener consecuencias, que pueden ir desde la afectación de derechos fundamentales, como la vulneración de la protección de datos, hasta faltar a la ética profesional y perjudicar la asistencia legal.
En 2023 dio la vuelta al mundo el caso de dos abogados estadounidenses que fueron condenados a pagar una multa de 5.000 dóla res por presentar un escrito judicial utilizando ChatGPT, que in cluyó decisiones judiciales inexistentes. Ambos letrados trabajaban en una demanda contra la aerolínea Avianca. El abogado que en cabezó el procedimiento admitió haber usado la inteligencia arti ficial para preparar el escrito y que la única verificación que ha bía llevado a cabo era preguntar a la aplicación si los casos que citaban eran reales. Finalmente, el juez solo le impuso una sanción como castigo por actuar de ma la fe.
En España, el caso más reciente conocido es el de un abogado que presentó en un juzgado de Navarra una querella escrita con ChatGPT que contenía una refe rencia al Código Penal de Colombia. Cuando se detectó el error, el letrado pidió disculpas y reconoció su uso deficiente del sistema. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra no impuso ninguna sanción. No obstante, advirtió de los riesgos éticos y legales.
Bufetes de abogados y aseso rías jurídicas de empresas están experimentando e incorporando este tipo de herramientas infor máticas para agilizar tareas que requieren mucho tiempo, pero para las que no es necesaria tan ta especialización jurídica, como la gestión de documentos o la revisión de contratos. "No es de extrañar que una de las áreas don de la IA está teniendo mayor pe netración es en la elaboración de contratos y documentos legales", afirmó el decano del Ilustre Co legio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, en junio de 2023.
Para Isabel Rodríguez, responsable del área de servicios profe sionales en Accenture en España, la inteligencia artificial tiene "un gran potencial" en los servicios jurídicos, pero explica que la utili zación de este sistema debe "ser responsable y rigurosa para evi tar sesgos o discriminación". "El uso de la IA en fuentes abiertas plantea riesgos en aspectos como la fiabilidad de la información, la falta de contexto jurídico local y la vulnerabilidad en la privacidad y confidencialidad".
Miguel Aznar, abogado y so cio de Balder IP Lawyers, alerta de que en consultas de asuntos legales, estos sistemas informáticos "obtienen información de fuentes no fiables, suple la falta de cono cimientos inventándoselos, suministra información legal desactualizada o que no cumple con los requisitos legales aplicables al caso, lo cual puede tener consecuencias muy negativas en la defensa de los clientes y en la propia reputación del despacho".
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la inclusión de datos erróneos, la posible vulneración de derechos o un asesoramiento incorrecto? El Tribunal Constitucional reprochó la "falta del debido respeto al tribunal" a un abogado que presentó un re curso que citaba literalmente pasajes de 19 supuestas sentencias del tribunal de garantías que no eran reales. En este caso, el letrado alegó que el error procedía de la desconfiguración de una base de datos con jurisprudencia. Sin embargo, el tribunal de garantías tachó la actuación de "desprecio jurisdiccional" y recriminó que no se comprobara la veracidad o la procedencia de las referencias. "Fuera cual fuese la causa de la inclusión de citas irreales (uso de la inteligencia artificial, entrecomillado de argumentos propios, et cétera), el letrado es siempre responsable de revisar exhaustiva mente todo el contenido de este y de cualquier escrito", indicó en septiembre. A este abogado solo le cayó la sanción mínima de apercibimiento y su caso se mandó al Colegio de Abogados de Barcelona para que valore el castigo dis ciplinario correspondiente.
La Ley de Enjuiciamiento Ci vil española exige el respeto a las reglas de la buena fe procesal con sanciones que van desde el apercibimiento hasta multas que os cilan entre 180 y 6.000 euros. Aun así, más allá de las normas inter nacionales sobre IA, no existe una regulación específica de su uso ni en el ámbito legal ni judicial, pero sí unas recomendaciones o guías para su uso correcto. El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), compuesto por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas, publicó en ju nio una política de criterios mí nimos, con un desglose de usos aceptados y prohibidos en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, el propio CGPJ constituyó en septiembre un grupo de trabajo especial para el es tudio y análisis de las implicaciones de esta herramienta.
En el ámbito de los abogados, Manuel Mata, decano del Cole gio de Castellón, asegura que los estatutos generales de la profe sión como el código deontológico cuentan con "suficientes elementos para atajar o contrarrestar los riesgos, al tiempo que apunta que el avance de esta tecnología es "tan rápida", que hace imposible adaptar la regulación de manera de forma simultánea.
La Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) se sumó en octubre al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre la inteligencia artificial. En este sentido, Mata apunta que los abogados deben tener en cuenta aspectos como la obli gación de secreto profesional y la protección de datos y confiden cialidad. Es decir, "evitar que la información que se facilite se es té compartiendo con terceros". Una de las prevenciones a tomar en este caso es anonimizar los documentos, señala.
Para Aznar, este punto es uno a los que más atención se debe poner. "Las fisuras en la confi dencialidad de la información de contenido legal podrían aumentar significativamente los riesgos de violaciones de datos, ciberataques y accesos no autorizados a información confidencial".
Otro de los puntos que no se pueden quedar al margen es el deber de diligencia, que ya está contemplado en las normas de los abogados, recuerda el decano del Colegio de Castellón. Por último, Mata señala que la inteligencia artificial también puede afectar al inicio de las relaciones entre cliente y abogado, debido a la posibilidad de inclusión en páginas web de los despachos dechatbots (programa informático que simula una conversación) para que los usuarios puedan resolver dudas. Incluso puede generar "conflic to de interés", ya que dos partes de un mismo conflicto con inte reses contrapuestos pueden co menzar a buscar asesoramiento legal a través del asistente virtual del mismo bufete.
Con todo este escenario, Isa bel Rodríguez subraya que la IA "está en constante aprendizaje y ganando autonomía", por lo que sería conveniente que los letrados "sepan utilizar la inteligencia ar tificial de manera efectiva" y que las "decisiones críticas" sigan en "manos de las personas".
Redacció: Nuria Morcillo
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Font: www.elpais.com
