El 3 de abril de 2026 se cumple un año desde la entrada en vigor de la LO 1/2025,  de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante LO 1/2025) y podemos afirmar (después de los acuerdos no jurisdiccionales adoptados por varias Audiencias Provinciales de nuestro país y los múltiples recursos de apelación resueltos por todas las Audiencias Provinciales ante, en muchas ocasiones, incomprensibles resoluciones judiciales inadmitiendo las demandas por no cumplirse el requisito de procedibilidad) que ya disponemos de criterios suficientemente claros, que aplicando el principio pro actione y una interpretación flexible de la Ley, han generado la necesaria seguridad jurídica que desde todos los colectivos jurídicos se venía demandando, en la aplicación de los MASC como requisito de procedibilidad previo a la interposición de una demanda, en vía civil o mercantil.

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Redacció: Jesus Sánchez García 

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