El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que extiende algunas medidas económicas de protección social aprobadas durante la pandemia más allá del estado de alarma que acaba este domingo. Dichas medidas se extenderán tres meses, hasta el 9 de agosto. Entre ellas, las relativas al alquiler de vivienda (moratoria en el pago y la suspensión de los desahucios) para colectivos vulnerables y las iniciativas para combatir la pobreza energética.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció hace tres semanas la ampliación en tres meses de la prohibición de los desahucios de familias vulnerables en alquiler y de la posibilidad de que este tipo de hogares obtengan un aplazamiento o condonación en el pago y una extensión del plazo de vencimiento del contrato de arrendamiento. Las iniciativas fueron aprobadas en marzo del año pasado tras el estallido de la pandemia y se han prorrogado en varias ocasiones, pero estaba previsto que venciesen el 9 de mayo con el fin del estado de alarma.

El Ministerio de Transportes precisó que la moratoria de los desahucios de hogares vulnerables en alquiler podrá incluir a aquellas familias sin contrato si hay personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores. El juez podrá decidir suspender el desalojo cuando los propietarios sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas y tras solicitar informe a los servicios sociales para valorar la situación de vulnerabilidad.

Como ya se reguló hace meses, esa medida no se podrá aplicar cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario o este la haya cedido a una persona física o jurídica para tal fin, cuando la entrada en el inmueble se produjera con intimidación o violencia, cuando existan indicios de que la vivienda se utilice para actividades ilícitas, cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubieran asignado, o cuando la entrada se produzca después de la entrada en vigor de la norma.

El Gobierno ha extendido el plazo para que los arrendadores afectados por la suspensión de los desahucios soliciten una compensación. Era de un mes desde la finalización del estado de alarma, pero ahora empezará a contar desde la finalización de los tres meses de prórroga de la medida, con lo que podrán presentar dicha solicitud hasta el 9 de septiembre.

Y la prórroga de tres meses de la posibilidad de solicitar el aplazamiento o condonación parcial del alquiler se podrá instar cuando el arrendador sea un gran propietario o entidad pública, por lo que no afecta a pequeños propietarios. La ampliación en seis meses del vencimiento del contrato beneficia a los hogares vulnerables que la soliciten siempre que el propietario no necesite la vivienda para sí mismo y sea persona física. Si ya se ha sido beneficiario de cualquiera de las dos medidas no se pueden volver a pedir.

La norma amplía también el plazo de garantía de suministro de agua, electricidad y gas a los consumidores vulnerables y el bono social térmico (precios subvencionados) a sus perceptores hasta el 9 de agosto, explicó la vicepresidenta Calvo. También se prorroga la consideración como esenciales de los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, asistencia social y acogida para víctimas de violencia contra las mujeres. Y se faculta a las autonomías a que destinen los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a sus propios programas. H

El Ejecutivo amplía la moratoria al alquiler, los desahucios y el bono social La suspensión no se aplicará si se trata de la vivienda particular del propietario