El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad solicitar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que incremente la plantilla orgánica de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo para que, de forma «imprescindible e inaplazable», haya doce magistrados en lugar de diez. También le pedirán que mantenga los refuerzos que fueron autorizados en su momento ante la delicada situación en la que se encuentra esta Sala, encargada de resolver, entre otros, pleitos de familia o demandas de responsabilidad civil: a día de hoy 24.000 recursos están pendientes de resolución.

El órgano de gobierno de los jueces adoptó esta decisión a propuesta de su presidenta, Isabel Perelló, a su vez alertada por un informe del Gabinete Técnico que señala como principal causa de esta situación la plena reactivación de la primera y segunda instancia judicial a finales de 2020. Tras la paralización que supuso el Covid hubo una avalancha de recursos, que pasaron de 6.584 en 2019 a más de 10.000 a finales del año siguiente. Junto a esta circunstancia está el hecho de que en los últimos cuatro años esta Sala se haya mantenido por encima de los 10.000 asuntos anuales sin incremento alguno de medios personales ni en la plantilla de la Secretaría, ni en el Gabinete Técnico ni en la propia Sala que cuenta con esos diez magistrados para afrontar un enorme volumen de recursos (en lo que va de año cerca de 2.300).

Lo cierto es que en 2015 el Servicio de Inspección del CGPJ ya propuso la creación de dos nuevas plazas de magistrado que casi una década después siguen sin materializarse.

En cuanto al Gabinete Técnico, los vocales consideran «imprescindible» mantener los refuerzos acordados por el Ministerio de Justicia (cuatro letrados dedicados a la fase de admisión y cuatro a la de decisión) y denuncian que la plantilla de las cuatro secretarías de la Sala resulta «manifiestamente insuficiente» para llevar a cabo la tramitación adecuada de los recursos.

Por otra parte, el pleno del CGPJ de ayer acordó por unanimidad volver a nombrar al actual presidente en funciones de la Sala Tercera, Pablo Lucas, magistrado para el Centro Nacional de Inteligencia. La propia ley del Poder Judicial regula esta figura encargada de autorizar actividades del CNI que puedan a afectar a derechos fundamentales, como entradas en domicilios o intervención de las comunicaciones.

N. VILLANUEVA MADRID

https://mynmedia.mynews.es/document/5621134D/00085713-20241219-004149/?expiration_key=ibuwYP4BT%2FugGXh8NdT%2B%2BNOXD7km0%2B7S86qyHACeXEacCF0BfjctPgEpIwE%3D&fromEmail=True