La Ley Orgánica del Derecho a la Defensa encabeza su recta final tras iniciar la tramitación en el Senado. El Boletín oficial de la Cámara Alta recogió ayer la recepción del texto tras se aprobado por el Congreso el pasado 11 de julio.

La norma reconoce las garantías que tienen los ciudadanos como titulares del derecho a la defensa tanto cuando están siendo investigados como ya dentro de un proceso judicial, así como las de los profesionales como los abogados.

Entre las particularidades de la futura ley destaca el derecho de los ciudadanos a conocer cuánto le va a costar adentrarse en un proceso judicial, por lo que permite a los colegios de abogados publicar criterios orientativos de los honorarios a los efectos de su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas.

La norma también prohíbe que se utilicen como prueba cualquier tipo de comunicaciones intercambiadas entre los letrados de las partes, como correos electrónicos. Además, da inmunidad a los trabajadores que denuncian para que no sean despedidos.

Finalmente, regula el derecho a la conciliación de los abogados y a solicitar la suspensión de un juicio o señalamiento en casos de fuerza mayor.