Autónomos que han cerrado sus negocios por la pandemia, trabajadores afectados por los ERTE o consumidores sobreendeudados por la crisis de la Covid engrosan el listado de personas que tienen que acudir a la Ley de Segunda Oportunidad para intentar saldar sus deudas y poder rehacer su situación económica sin la losa de un pasivo que nunca podrán satisfacer.

Los efectos de la crisis económica apuntan a un crecimiento notable de procedimientos de segunda oportunidad. El último informe Efecto de la Crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial recoge que los concursos de personas naturales no empresarios han pasado de 1.568 en el primer trimestre de 2020 a 2.531 en el mismo periodo de 2021: más de un 60% de incremento. El primer trimestre de 2016, al poco de entrar en vigor la ley, los concursos de personas físicas fueron 393.

La desconocida ley de segunda oportunidad, en vigor desde julio de 2015, es el flotador legal al que pueden recurrir los particulares y los autónomos que no puedan pagar las deudas contraídas. También tienen a su disposición el beneficio de justicia gratuita, por lo que ha aumentado el número de Colegios de la Abogacía que impulsan el turno de oficio especializado en segunda oportunidad para atender a estas personas.

La ley se basa en dos instituciones: el acuerdo extrajudicial con los acreedores para intentar liberar o retrasar el pago de deudas (sólo un 5% finaliza en convenio) y, a falta de acuerdo, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) donde el juez puede liberar toda o parte de la deuda. Los particulares deben iniciar el proceso extrajudicial ante un notario y los autónomos lo harán en el Registro Mercantil o Cámara de Comercio correspondiente, con los correspondientes aranceles.

Notario gratuito

“Estas personas con escasos recursos económicos deberían tener acceso a la justicia gratuita desde el primer momento, con más razón cuando esa fase inicial extrajudicial es obligatoria para ellos”, reclama el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, corporación que recientemente ha constituido un grupo específico dentro del turno de oficio para gestionar los asuntos derivados de la ley de segunda oportunidad.

Desde el Colegio de Granada, de forma paralela a la creación de este turno de oficio especializado, van a tratar que la Junta de Andalucía incluya todo el procedimiento de segunda oportunidad dentro del baremo de justicia gratuita, como ocurre en Cataluña, y abordará con el Notariado la posibilidad de ofrecer sus servicios sin coste en estos casos.

Territorios

En Cataluña, gracias a un acuerdo con el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) y el Colegio de Barcelona (ICAB), todos los procedimientos en la fase extrajudicial de segunda oportunidad tienen cobertura de justicia gratuita.

Yvonne Pavía, tesorera del Colegio de la Abogacía de Barcelona y corresponsable del Grupo de Segunda Oportunidad del ICAB-CICAC, recuerda que estos temas antes eran llevados por letrados adscritos a civil, “ahora hay un turno específico donde se inscriben solo los que quieran llevar temas de segunda oportunidad, y se les ofrece una formación continua sobre la materia” cobrando unos módulos especiales para este procedimiento. “Hicimos mucha presión para conseguir que la Generalitat cubriera el coste de todo el procedimiento incluyendo la Fase del Acuerdo Extrajudicial de Pagos”.

Una de las reivindicaciones de la Abogacía en el territorio común, dependiente del Ministerio de Justicia, es la inclusión de todo el procedimiento de segunda oportunidad bajo la asistencia técnica de un abogado. “Esa falta de sensibilidad en el marco de la regulación de la justicia gratuita, la suplimos en Valladolid mediante un Convenio con el Ayuntamiento, que recientemente hemos firmado también con la Diputación Provincial”, asegura Javier Martín, decano del Colegio de Abogados de Valladolid e impulsor del primer turno de oficio de segunda oportunidad de España, creado en 2016 con 61 abogados.

Durante este primer trimestre en Valladolid se tramitaron 28 procedimientos de segunda oportunidad frente a los 9 del mismo periodo de 2020.

Requisitos para empezar de cero

Ampliación de límites. Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social inicialmente no eran exonerables para autónomos y ciudadanos arruinados. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019 amplió los límites legales, permitiendo a los deudores beneficiarse de una posible exoneración de hasta un 70% de las deudas contraídas con las Administraciones Públicas, posibilitando que la deuda restante pudiera fraccionarse en un periodo de hasta cinco años.

Expertos. El comité de expertos del Observatorio de Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer ha pedido al Gobierno la extensión de la asistencia jurídica gratuita al mecanismo de segunda oportunidad. También aconseja incluir a las personas físicas en materia concursal dentro del mecanismo de segunda oportunidad y establecer la figura del contador-partidor.

Condiciones. Para poder acceder a la segunda oportunidad, las personas físicas deben acreditar, entre otros, que el concurso no es culpable; no ha mentido sobre la situación de insolvencia y que no ha sido condenado por delitos socioeconómicos, patrimoniales o de falsedad documental en los 10 años anteriores.

Duración. Como regla general el proceso de segunda oportunidad puede durar desde unos pocos meses en los casos más sencillos a más de un año en procesos más complejos y en localidades con juzgados más saturados.

Font: CIncoDías