Así lo ha solicitado durante su intervención en el XII Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, en el que ha destacado el actual "momento histórico" pues "2025 marca un punto de inflexión para la abogacía y para la democracia con dos hitos de enorme trascendencia".
Uno de ellos, la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, "que acaba de cumplir un año desde su entrada en vigor y que por primera vez reconoce y protege de forma integral este derecho en España".
Y por otro lado el Convenio para la Protección de la Abogacía del Consejo de Europa, "que establece estándares vinculantes para garantizar que ningún abogado sea perseguido por ejercer su profesión, otro texto pionero, que aún sigue sin estar ratificado por nuestro país", ha recordado Salvador González Martín.
"Confío que pronto lo sea como se comprometió a ello el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños", ha apuntado.
González Martín ha advertido de que "en demasiados países ejercer la abogacía se ha convertido en un acto de valentía, con intimidaciones, vigilancias, censura y criminalización, y cuando un abogado es silenciado no solo se vulnera su derecho sino que se vulnera el derecho de toda la sociedad a la justicia".
Así ha estimado que "tanto la Ley de Derecho de Defensa como el convenio europeo son, más que normas, escudos frente a amenazas, injerencias y represalias".
Por su parte el abogado general del Estado, David Vilas, ha subrayado la importancia que tiene el ejercicio de la profesión de abogado para el desarrollo de los valores que subyacen en los estados de derecho democráticos y por tanto la necesidad de la protección de la abogacía.
"El convenio del Consejo de Europa para la protección de la abogacía constituye un hito que manifiesta esa tendencia internacional hacia la necesidad de la protección de la función del abogado", ha destacado.
Ha coincidido en que "en el plano interno el hito fundamental en la misma línea es la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, que el pasado día 4 hizo un año de su entrada en vigor, que aborda aspectos de una especial relevancia para el adecuado ejercicio de la profesión de abogado".
David Vilas ha señalado que preocupan amenazas al ejercicio de la profesión de la abogacía, incluso físicas, y ha señalado que aunque estas no son habituales en los países de la Europa occidental "existen otros medios de ejercer presión público-mediática respecto a los abogados".
En este sentido ha manifestado que el informe explicativo del citado convenio "ya dice que los abogados que se dedican a defender casos impopulares pueden enfrentarse a estigmatización tanto a nivel profesional como personal que repercute en su práctica y su bienestar".
"Desde luego yo me puedo sentir bastante identificado al respecto porque como abogado general del Estado algunas querellas he recibido por el simple ejercicio de mi profesión, archivadas todas, pero es una forma de ejercicio de presión público-mediática sobre el legítimo ejercicio de la abogacía", ha concluido.
Redacció: Agencia EFE
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