La problemática de los Registros Civiles sigue estando abierta ante las críticas de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia (LAJs), estresados por el mal funcionamiento del nuevo sistema Dicireg que se está implementando en nuestro país. Este asunto fue tratado tanto en la última Conferencia Sectorial de Justicia entre el Ministerio y las comunidades autónomas celebrada en Palencia, como en la reunión del Consejo del Secretariado, presidido por Sofia Puente, secretaria general del Ministerio de Justicia.

En esta última jornada de trabajo algunos de los LAJs que pertenecen a este organismo volvieron a incidir de nuevo en los problemas de los Registros Civiles y su mal funcionamiento. Al parecer desde Justicia, como una de las soluciones al problema, se quiere aplicar inteligencia artificial (IA) para volcar los datos del sistema anterior (Inforeg) en el nuevo (Dicireg), que es el que da muchos problemas en estos momentos.

Desde estos Registros Civiles se gestionan los cambios de sexo, a raíz de la Ley Trans; la Ley de Memoria Histórica y el uso de IA para las nacionalidades de nuevos españoles. Se hicieron 300.000 en el 2023. De forma progresiva se implementa Dicireg en algunos registros de toda España aunque con muchos problemas por ese volcado de datos antes indicado.

El nuevo Registro Civil nacido de la Ley de 2011, aprobada por una mayoría relevante del Congreso de los Diputados, fue diseñado para superar las limitaciones del modelo tradicional basado en libros y Registros no conectados entre sí mediante un sistema propio del siglo XXI, con el letrado de la Administración de Justicia como encargado, centrado en el ciudadano, con una hoja personal en la que se anotan todas las cuestiones que le afectan, interconectado y accesible a administraciones y particulares.

Sin embargo, el largo retraso en su implantación, de más de diez años, responsabilidad de unos y otros gobiernos, “nos ha llevado a una ejecución que, siendo ya inaplazable, también ha sido precipitada y causa de numerosos problemas y disfunciones que el actual equipo del ministro Bolaños puede y debe solucionar”, comenta Carlos Artal, miembro de la Ejecutiva de UPSJ,  LAJ del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza y encargado de todo lo relacionado con los Registros en la Unión Progresista de Letrados Judiciales (UPSJ).

Para Artal, “los Registros Civiles, ahora llamados Oficinas Generales, no funcionan ya que tienen que ser Registros civiles exclusivos, como la Ley de Registro Civil de 2011 señala. Tiene que haber uno exclusivo cada 500.000 habitantes o en cada provincia. En cada oficina general debería haber los LAJs encargados que sean necesarios. Hay registros civiles exclusivos, sólo 16 en toda España de un total de 431, entre ellos Madrid, Sevilla, Barcelona o Alicante, entre otros.”

En el resto de registros, 415, que es el gran error de la implantación y contrario a la ley, hay funciones compartidas; y el juez, hasta que se implanta el Dicireg (luego el competente es el LAJ), comparte en juzgados civiles la cuestión registral con civil, y en los juzgados mixtos la gran mayoría la comparte con las materias de civil e instrucción. Ahora el letrado desempeña la competencia del juez y la suya. Ahora le toca resolver y dirigir. De momento sólo hay contraprestación económica fijada respecto a los 16 exclusivos”, indica.

Para Artal el problema es que el sistema va a la quiebra por esa concentración de funciones de los LAJs, “por ese embudo de funciones creado. A los problemas añadidos se han promulgado diferentes leyes muy mediáticas que también les ha tocado desarrollar a los registros; como la Ley Trans donde asistimos a la comparecencia de la persona que quiere cambiar de sexo. Ahora no se pide informe médico y la tramitación es algo muy delicado”.

Es por ello que desde UPSJ proponen cinco medidas, necesarias y suficientes, para solucionar los problemas actuales y dotar a los ciudadanos del Registro que se merecen:

1. Integración informática

La plataforma informática sobre la que descansa el nuevo Registro Civil es el Dicireg. Dicho sistema funciona muy bien cuando se parte de una inscripción de nacimiento inicial, o certificaciones que no son necesarias firmar, etc., en resumen, es moderno y eficaz. Pero tiene problemas técnicos continuos desde su implantación, que se agravan a medida que se incorporan nuevos registros. La semana pasada no funcionó.

A su vez, dicho sistema no permite el volcado de datos de la anterior plataforma, Inforeg, lo que implica que se han de introducir los datos manualmente por el funcionario (captura de antecedentes), o hacer una “anotación captura”. En todo caso requiere tiempo de trabajo y es fuente de errores. Se debería permitir la coexistencia de ambos sistemas.

“Finalmente, no existe un procedimiento registral guiado. El funcionario debe de buscar manualmente la resolución adecuada. No hay un ‘árbol’ de tramitación que facilite el trabajo, ni hay modelos de resoluciones para todos los casos”, señala este experto.

“La solución por tanto consiste en reformar el programa en esos apartados: permitir el volcado directo de datos, como se ha hecho siempre en los cambios de sistema de gestión procesal. Introducir una tramitación guiada y documentos suficientes. Y sobre todo solucionar los problemas recurrentes de funcionamiento ordinario, llevamos un retaso en este tema de casi tres años”, comenta Artal.

1. Reforma organizativa

El 27 de septiembre de 2021, el nuevo Registro Civil comenzó su andadura con el Registro Exclusivo de Madrid, implementándose durante el primer año en oficinas exclusivas, caracterizadas porque sus responsables no se ocupan de tareas judiciales. Sin embargo, a partir del 28 de noviembre de 2022 el nuevo sistema se implantó en una oficina no exclusiva (Cartagena), creando la correspondiente disfunción.

El nuevo modelo está pensado para Registros Civiles Exclusivos, como recoge la exposición de motivos de la ley y el artículo 22. Sólo es en las disposiciones transitorias y adicionales de la ley cuando se habla excepcionalmente de compatibilizar las funciones registrales con las judiciales en los juzgados civiles y mixtos.

“En los Registros no exclusivos, esta compatibilidad entre los dos órdenes registral y civil, o registral y civil e instrucción, está siendo problemática para los registros. En estos Registros no exclusivos, el incremento de las funciones del LAJ es extraordinario ya que, al liberar al Juez del Registro, normalmente se les devuelven por junta de jueces el reparto del que estaban exentos con anterioridad por la llevanza del Registro Civil. La solución por vía de exención de reparto no es suficiente, y ni si quiera depende del Ministerio, si no de las juntas de jueces”, comenta Carlos Artal.

A su juicio, si ya es complejo que un solo encargado, pueda compatibilizar de forma adecuada las tareas registrales, con las civiles como pasa en los registros compartidos, todavía es peor compatibilizar las tareas registrales, con las civiles y penales, como pasa en los Registros mixtos.

Finalmente, al asumir las oficinas Generales, el personal de las oficinas colaboradoras, que hasta ahora dependían del juez de paz, y del gestor con funciones delegadas, las funciones registrales que allí se ejercían dependen del encargado LAJ; ello supone, por ejemplo, pasar de tener al cargo del LAJ funcionarios dedicados al registro en los juzgados mixtos de 3 o 4 funcionarios a 37 o más según las oficinas colaboradoras, llegando en casos a más de 100 en ciertos registros.

“La solución pase por ello por la transformación paulatina de los registros compartidos en registros exclusivos, y por una reordenación de las funciones de los funcionarios de las oficinas municipales”, destaca.

1. Formación en el nuevo sistema

Sólo se da formación en el sistema Dicireg por el Ministerio y durante la implantación, en el CEJ solo se da de Dicireg dentro de los cursos semestrales, como también pasa con las nuevas promociones de alumnos, que prácticamente no reciben formación para registro Civil.

Sin embargo, la formación adecuada y el acompañamiento es la medida más efectiva para el correcto funcionamiento del Registro Civil. Esta debe de empezar ya en la formación inicial de los LAJ en el Centro de Estudios Jurídicos (en la última promoción solo se dio dos horas de formación sobre el registro civil), y después ser continua y prolongada en el tiempo para aquellos destinados en Registros Civiles. Idénticas medidas deben de llevarse a cabo con todo el personal de los Registros Civiles.

1. Adecuación de personal

Para este jurista “el LAJ encargado asume en el nuevo Registro Civil las funciones que ya desempeñaba como LAJ, junto con la del anterior juez encargado, junto con la labor garantista que correspondía al fiscal, la del juez de paz y la de los propios gestores con funciones delegadas, que las pierden y por ende asume la gestión del personal de todo el partido judicial dedicada a la labor registral”.

En los Registro Civiles exclusivos donde se mantuvieron los magistrados encargados, al jubilarse estos o concursar a otro destino, se produce la innecesaria amortización de las plazas, cuando la práctica ha demostrado la necesidad de ese número inicial de encargados; en especial en los Registros, que ya de por sí estaban infradotados donde había un solo LAJ y un solo un juez encargado, están amortizando la plaza del juez encargado, como pasó en Murcia, pasará en Zaragoza, y posteriormente en Sevilla.

“Es necesario dotar de suficiente personal a los Registros, tanto en cuanto a encargados como a funcionarios, que en la medida de lo posible puedan especializarse en la materia y no compatibilizar con funciones civiles y penales, sobre todo por realizar las nacionalidades que se reclaman que son muchas”.

1. Retribución ajustada

Actualmente solo en los Registros Civiles Exclusivos cobran los LAJs el mismo complemento que los jueces encargados, si bien sin estar consolidado en el sueldo de forma definitiva. El resto de LAJs encargados no reciben percepción ni complemento alguno.

Es cierto que el juez de Registro Civil compartido no cobraba complemento, pero este ejercía menos funciones que el actual encargado (las del anterior, las del LAJ, las del juez de paz, las del fiscal y las del gestor con firma delegada). “Lo ideal sería convertirlos a todos en exclusivos, y con una justa retribución para el LAJ encargado”, aclara Artal.

Registros con problemas serios

“En el partido judicial de Vitoria, que abarca casi toda la provincia, en el Registro Civil se implantó el nuevo sistema Dicireg el 17 de abril del 2023, justo tras concluir la huelga de los LAJs”, explica Teo González, su LAJ responsable.

“Ahora hay ocho tramitadores, cuatro gestores y un auxilio pero de refuerzo tenemos un tramitador y otro gestor”, señala. “Estamos haciendo todas las nacionalidades e inscripciones de nacimiento y defunción. Colaboran con nosotros 43 oficinas colaboradoras de toda la provincia. Tenemos problemas constantes de funcionamiento con la nueva aplicación”.

Ahora nos señala que “se hacen cientos de nacionalidades, el TSJ acabó con la cita previa y se puede ir al Registro Civil a pedir cualquier cosa, pero los expedientes de jura sí las ponemos nosotros como sistema de gestión interna. Las peticiones han llegado a cubrir toda la agenda, por eso hemos hecho una cita paralela. Los expedientes de matrimonio tardan tres meses. Se hace de forma manual. Utilizamos Dicireg poco por su mal funcionamiento, es muy lento, con el anterior sistema se hacia más sencillo y más rápido”.

Para este LAJ “es fundamental que se clarifique la normativa. Hay Registros Civiles que funcionan de una forma, en uno se puede hacer anotaciones y otras no. Nosotros trabajamos siguiendo la instrucción del 2021 que marca nuestro trabajo porque siempre hay dudas de quién debe hacer una cosa y otra. Este es un servicio público que podría mejorar pero necesitamos el Reglamento del Registro Civil, que es necesario, y potenciar la figura del encargado de este organismo. Llevo un juzgado y llevo el Registro, que no me pagan por esta responsabilidad”.

Jorge Fuente es el letrado judicial responsable del Registro Civil de Tudela en Navara, y afirma que “este es un juzgado mixto donde coexiste el juzgado de Instancia e Instrucción y el propio Registro Civil. Somos cinco juzgados y estamos con Dicireg desde septiembre. Como encargado que soy del Registro y de la Oficina Judicial el cambio ha sido pésimo. Hemos pasado de un Registro que funcionaba a la perfección con citas mensuales, a otro que las da cada ocho meses y con una cantidad de trabajo que es abrumadora”.

Desde su punto de vista “la gestión es mala. Toda Navarra funciona ya con Dicireg y País Vasco, pero la verdad es que el sistema no funciona ben. Todos los compañeros acaban por marcharse de esos sitios mediante concursos de traslados. No es viable y no se pueden hacer las cosas a lo loco. Tenemos que validar el trabajo de oficinas colaboradoras de pueblo que realmente esas personas no tienen experiencia para hacer esos trámites. Todo es surrealista y de momento Dicireg no funciona, por desgracia”.

Este LAJ es consciente del trabajo que realizan estos profesionales: “Mientras hacíamos una entrada y registro por un tema de drogas gracias al portátil hemos podido firmar las licencias de enterramiento, pero así no debe funcionar un servicio público. Como eso los trámites nacionalidad que son supuestos complicados que hay que dedicar tiempo. Sin embargo, pese a que llevamos más trabajo con el Registro Civil, no nos pagan más. Soy responsable de cincuenta personas, no veo ningún incentivo para llevar esta responsabilidad y el Ministerio de Justicia lo sabe y no hace nada para evitarlo”.

Redacció: Juisja Sánchez

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