El sistema judicial se enfrenta a 240.000 demandas pendientes desde hace cuatro años por la costumbre de los bancos de pleitear hasta el final en las cláusulas suelo y otras condiciones abusivas, aunque pierden el 97,5% de los casos.

Desde la crisis de 2008 a 2012, la banca tiene pendiente resolver las reclamaciones de sus clientes a los que vendió productos con cláusulas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado abusivas. El sector resolvió la equivocada colocación de preferentes y convertibles, pero no las cláusulas suelo, los créditos referenciados al IRPH o los préstamos multidivisa. Estos problemas están detrás de la mala reputación del sector, que ha frenado las indemnizaciones pleiteando hasta el final y alargando los procesos.

Una década después de este estallido, los bancos se han quedado solos en la defensa de su estrategia de dilación de procesos. Desde algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, como Gerardo Martínez, hasta el Consejo de la Abogacía, pasando por las principales asociaciones de consumidores, reclaman medidas. Y el Ministerio de Justicia ha movido ficha con dos anteproyectos de ley.

El primero de ellos, que está en trámite, aborda medidas de eficiencia procesal y aboga por que las demandas por cláusulas abusivas se tramiten como juicios verbales, sea cual sea la cuantía reclamada, informan fuentes del Ministerio de Justicia. El juicio verbal es más sencillo y rápido que el juicio ordinario y el juez podrá dictar sentencia oralmente, agilizando los pleitos.

En segundo lugar, a estos casos se les podrá aplicar la técnica del pleito testigo, es decir, que se tramite uno solo suspendiendo la tramitación de los demás hasta que se dicte sentencia en el que se ha determinado como testigo. A partir de ahí, los demás ciudadanos podrán pedir que se les apliquen los efectos de la sentencia del pleito testigo cuando los casos sean iguales. "Se deben cumplir determinados requisitos legales, que permitan este tratamiento para la litigación en masa en materia de cláusulas abusivas", apuntan las citadas fuentes.

El anteproyecto de ley, promovido por el ministerio que dirige Juan Carlos Campo, recoge una tercera medida: "Un sistema de medios adecuados de solución de controversias" para que no se pueda interponer demanda sin una negociación previa entre las partes. En el caso de las cláusulas abusivas, el consumidor reclamará frente al banco antes de interponer la demanda y este tendrá que admitir o denegar la reclamación "y no podrá alegar otros motivos diferentes en el pleito posterior si no se llega a un acuerdo". Si hay acuerdo, el banco desglosará las cantidades y pagará en un solo mes. Transcurrido ese plazo, pagará los intereses legales del dinero más ocho puntos.

Si finalmente la reclamación acaba en un pleito, se tendrá en cuenta la colaboración que las partes hayan prestado en la solución de estas controversias, "tanto para la imposición de costas como para considerar que se pueda haber producido un abuso del servicio público de justicia merecedor de la imposición de una sanción", indican fuentes de Justicia. Además, se está tramitando otro anteproyecto de ley organizativa en el que se regulan los futuros Tribunales de Instancia. Entre las funciones de su presidente y de los presidentes de sección estará unificar prácticas y criterios cuando hubiera diferentes interpretaciones, algo importante para las cláusulas suelo y otras abusivas "que son sustancialmente iguales y generan litigación en masa".

La patronal del sector ve la situación de otra manera. La AEB sostiene que los bancos pleitean hasta el final porque el Supremo reconoció "la validez" de la cláusula suelo empleada. "Y si los bancos consideran que son transparentes, deben defenderse", añaden fuentes de la patronal.

En el lado de los consumidores, el hartazgo es claro. Hace dos días, la asociación de usuarios financieros Asufin pidió amparo al Ministerio de Justicia ante la saturación que sufren los juzgados de cláusulas abusivas, que se ve acrecentada por la insistencia de algunas entidades bancarias en alargar los procesos y recurrir a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que alarga los procesos y supone un coste elevado para el consumidor.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, señala que cuando se dice que se ha creado una industria litigiosa, habría que pensar en "la que existe de forma paralela fomentada desde la banca ya que las entidades empujan a los afectados a solucionar su problema en sede judicial". Asufin cree que la única solución para recuperar el dinero es la demanda individual "a pesar de que los procesos son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo". En su opinión, el coste de litigar afecta a todos los contribuyentes. "Los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos unos juzgados saturados por demandas que serán favorables al consumidor".

Asuntos pendientes en los juzgados al finalizar cada trimestre

El ministerio espera que se acabe la tramitación de los dos anteproyectos para principios de 2022 y se desatasque una situación creada por los bancos para desanimar a los clientes a que pleiteen, a costa de bloquear los tribunales.

El Ministerio de Justicia prepara una batería de medidas recogidas en dos anteproyectos clave para tratar de solucionar el gran atasco que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Entre ellas están los juicios verbales (sencillos y rápidos), los pleitos testigo (que sirven como modelo para miles de casos similares sin celebrar juicio) y las exigencias de buscar un acuerdo previo, así como sanciones a los bancos que dilaten los procesos innecesariamente.

Font: My News Media