Un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas ha aplaudido este martes la decisión del Tribunal Supremo de Pakistán de suspender las penas de muerte dictadas por los tribunales militares establecidos este año tras el aumento de la violencia islamista.

"Los ataques terroristas no deben impedir que los estados cumplan con las exigencias del Derecho Internacional respecto a la imposición de la pena de muerte", han valorado en un comunicado publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).

El Derecho Internacional exige que la pena de muerte sea aplicada únicamente en el contexto de un funcionamiento estricto del sistema de ley y orden para garantizar el máximo respeto al debido proceso y las garantías de un juicio justo para los acusados.

"Sólo el respeto total a estas garantías distingue la pena capital posiblemente permitida bajo el Derecho Internacional de una ejecución arbitraria", han subrayado los expertos.

"La administración de justicia a través de tribunales militares levanta graves dudas, particularmente respecto al acceso a la justicia, independencia e imparcialidad de los tribunales, así como respecto al respeto a los derechos de los acusados", han añadido.

Por ello, han recalcado que "los tribunales militares sólo deben tener jurisdicción sobre el personal militar que comete delitos militares o que rompen la disciplina del Ejército".

"Esperamos que la decisión del Tribunal Supremo den una oportunidad a todos los actores relevantes en Pakistán para que se abra un importante diálogo destinado a resolver las cuestiones relacionadas con la legalidad de los militares tribunales y el uso de la pena de muerte", han remachado.

El Ejército indicó este mes que sus tribunales habían condenado a seis terroristas a muerte y a un séptimo a cadena perpetua. Pero el Supremo ha decretado que dichas sentencias no pueden ser aplicadas.

El primer ministro, Nawaz Sharif, retiró la moratoria en diciembre tras un atentado ejecutado por los talibán paquistaníes contra una escuela de la localidad de Karachi (sur), suceso que se saldó con la muerte de 141 personas, entre ellas 132 menores de edad.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Pakistán expresó a mediados de marzo su preocupación por las últimas ejecuciones en el país y por la decisión del Gobierno de aplicar también la pena capital a los condenados por delitos no relacionados con el terrorismo.

Por ello, solicitó al Gobierno del país centroasiático que "vuelva a poner en marcha su moratoria (a la pena capital) lo antes posible". "Estamos dispuestos a apoyar en el proceso de fortalecimiento del sistema judicial en caso de que se nos pida ayuda", remachó.

Font: expansión.com