Las denuncias de vulneración de derechos fundamentales tendrán que presentarse por vía telemática con un formulario y demostrar su relevancia constitucional

El Constitucional ha aprobado en el pleno gubernativo que ha celebrado esta semana un plan de choque que permita agilizar la tramitación de los 8.000 recursos de amparo que recibe como promedio anualmente. Con este fin, las denuncias de vulneración de derechos fundamentales ―de las que puede derivarse la anulación de las condenas impuestas― van a tener que cumplir una serie de requisitos.

De entrada, para ser admitidas a trámite se exigirá que los recursos se presenten a través de la sede electrónica del tribunal mediante un formulario que explique “con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales” que se alegan, así como la “especial trascendencia constitucional” del caso.

El tribunal ha querido poner el acento en que con estas medidas no se trata de reducir las posibilidades de que los ciudadanos acudan en solicitud de amparo al órgano de garantías, sino de tratar de darles respuesta en un plazo más breve. Ahora pueden pasar meses, o incluso años, hasta que se decide si un recurso se admite a trámite o se rechaza de plano, y pueden transcurrir también años hasta que se dicta sentencia sobre el fondo del asunto, en el caso de los que pasen el primer filtro.

Para evitar interpretaciones negativas de las medidas tomadas, el Constitucional ha tenido informados de sus proyectos a los Colegios de Abogados y Procuradores. El hecho, en todo caso, es que desde hace años el tribunal viene rechazando la mayor parte de este tipo de impugnaciones, por entender que carecen de relevancia constitucional. De los 8.000 que se presentan anualmente, sólo son admitidos a trámite alrededor de 200.

Dos meses para la admisión

El problema para el tribunal y para los concernidos por los recursos es que con el sistema actual se producen grandes cuellos de botella en la tramitación de las impugnaciones. Ahora se pretende que sepan en dos meses si su impugnación se admite a trámite, y en un año si la cuestión de fondo que plantean supuso realmente una vulneración de derechos, y se les concede amparo.

Dado que la palabra formulario ―como requisito previo para plantear los recursos― puede dar lugar a suspicacias sobre un hipotético riesgo de burocratización de las primeras decisiones sobre las solicitudes de amparo, el tribunal ha querido subrayar que la medida que ha puesto en marcha no se adopta para facilitar rechazos. “El formulario —afirma el Constitucional en un comunicado oficial― no sustituye a la demanda”.

El órgano de garantías subraya que dicho formulario “tiene dos fines: facilitar que los recurrentes no incurran en defectos a la hora de redactar la demanda y ayudar al tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso”. Por este procedimiento ―prosigue la exposición―, el Constitucional “sigue la línea de otros órganos jurisdiccionales que vienen empleando con éxito esta fórmula, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General, el Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en España, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo”.

El comunicado destaca asimismo que “la memoria del Tribunal Constitucional del año 2022 pone de manifiesto que el 53% de los escritos de demanda adolece de una absoluta falta o de una insuficiente justificación de esa especial trascendencia constitucional y que, en su conjunto, fueron inadmitidos por defectos de procedibilidad el 76% de los recursos de amparo presentados. Esta situación es la que ha llevado al Tribunal Constitucional a tomar esta medida”.

Redacció: José María Brunet

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Font: www.elpais.com