La propuesta del Gobierno para controlar los pisos turísticos y temporales toma forma. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha ido esbozando un plan que tiene como objetivo principal poner coto a los arrendamientos para uso distinto al de vivienda habitual en aras de aliviar la tensión del mercado inmobiliario que provoca, en gran medida, la falta de oferta.

Aunque la hoja de ruta del Gobierno aún tiene algunos flecos por cerrar, sobre todo en cuanto a la forma de ejercer el control sobre esta tipología de rentas, hay varios puntos de acción ya definidos que hacen de guía sobre cómo será la futura normativa.

La intención del Gobierno es limitar el número de viviendas en alquiler de corta duración que se firman de manera. De este modo, se verán afectados por la nueva normativa: pisos turísticos u hospedajes vacacionales, alquileres temporales, rentas por habitaciones y el arrendamiento de embarcaciones flotantes destinadas a vivienda.

El núcleo del control que prepara Moncloa está en la exigencia de una justificación para poder sacar al mercado un alquiler temporal. Deberán justificarlo tanto el propietario como el inquilino y las condiciones tendrán que quedar plasmadas en el contrato que firmen ambos.

Son diversos los supuestos que habilitarán un alquiler en la tipología de duración limitada, aunque los motivos de trabajo o estudio serán las principales justificaciones. Una beca de varios meses, un contrato de investigación, la participación en un torneo durante varias semanas o acudir a trabajar en un festival... Todos los supuestos deberán quedar acreditados por ambas partes en el contrato, cuya temporalidad se ajustará a la circunstancia concreta. El inquilino deberá proporcionar el contrato que avala su situación y el tiempo que esta se extenderá, y el propietario deberá registrar el piso como tal.

El Gobierno está desarrollando un registro estatal gratuito que englobará no sólo los pisos turísticos, la punta de lanza de esta batalla, sino también los temporales. Todos deberán aparecer en la plataforma que prepara el Ejecutivo a nivel nacional, es decir, deberán ser inscritos por el propietario bajo la tipología que se ajuste a su caso. Así, se les asignará una "matrícula" que identificará las características del contrato en vigor.

Según lo avanzado por la ministra, el sistema recogerá cualquier vivienda amueblada que se alquile por menos de 12 meses. Tanto por vía inmobiliaria como a través de plataformas tipo Airbnb, se deberá comprobar que los datos son correctos. Establece así el Gobierno un límite temporal que obvia la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que rige este tipo de contratos temporales en su artículo 3.

Este registro lo exige Europa, en concreto el Reglamento (UE) 2024/1028 sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Esta normativa busca acabar con la "falta de información fiable sobre los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, como la identidad del anfitrión, el lugar donde se ofrecen dichos servicios y su duración" ante el auge de los alquileres turísticos y temporales de los últimos tiempos.

Los planes de Vivienda pasan por tenerlo terminado para antes de que acabe el próximo año. El reglamento marca que el registro debe estar listo para 2026, pero la ministra insistió ayer en su compromiso de traerlo "al menos a la mitad de tiempo".

Lo que sí se elevará de manera inminente al Consejo de Ministros es el Real Decreto de desarrollo de la norma europea anteriormente mencionada. También prevé iniciar próximamente los cambios en la LAU hacia una regulación menos laxa de la norma de los alquileres temporales que impida el mal uso de la tipología y acabar con el "fraude" de ley, que supone hacer un contrato temporal para un alquiler habitual y extendido en el tiempo.

Para que el registro estatal único propuesto por el Ministerio pueda centralizar las diferentes modalidades de alquiler en los plazos establecidos por el Gobierno, la titular de Vivienda Isabel Rodríguez considera necesaria "una colaboración de las plataformas turísticas con las administraciones públicas". El ejecutivo ampara su propuesta de "intervenir" en el tensionado mercado del alquiler en la "doctrina de los tribunales europeos.

Redacció: Maria Mendinilla

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Font: www.eleconomista.es