La reforma de la Ley del Poder Judicial acaba con los jueces no profesionales - El cambio prevé mantener registros civiles en los pueblos

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende suprimir los juzgados de paz en toda España, lo que significaría la eliminación en Balears de 61 oficinas de esa naturaleza, vinculadas a los municipios medianos y pequeños y dedicadas a labores de registro civil y notificaciones penales y civiles. El cambio prevé acabar en la Justicia con los jueces no profesionales, pero incluye mantener pequeños registros civiles en las localidades menores.
 

Según ha explicado el ministerio de Justicia en un informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, se busca "profesionalizar la carrera judicial, lo que supondrá la desaparición de los jueces de paz". Los cambios, que tienen un calado más profundo en otros aspectos, como la creación de los tribunales provinciales de instancia o el aforamiento de la Reina y los Príncipes de Asturias, son impulsados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
 

Este tipo de jueces no pertenece a la carrera judicial y tampoco han de ser juristas. Se trata de personas que aspiran voluntariamente a ese cargo, no retribuido. El perfil habitual es el de una persona bien considerada socialmente en la localidad y que cuenta con la confianza de los Ayuntamientos, los encargados de seleccionarlos.
 

El Tribunal Superior de Justicia es la instancia que nombra a esos jueces no profesionales por períodos de cuatro años.
 

Formentera y Marratxí
Los juzgados de paz están ubicados en los municipios que no sean cabeza de partido judicial o no tengan juzgados profesionales. Así en Balears, Palma, Inca, Manacor, Ciutadella, Maó e Eivissa carecen de este servicio, al estar dotados de juzgados y tribunales profesionales.
Sin embargo, otras localidades importantes como Formentera, Calvià, Llucmajor, Marratxí, Alcúdia, Capdepera, es Castell, Sant Antoni de Portmany o Santa Eulària sí disponen de juzgados de paz municipales.
 

Levantamientos de cadáveres
Los jueces de paz pueden celebrar algunos juicios de faltas sin complejidad y pronunciarse sobre reclamaciones civiles inferiores a 90 euros. Con frecuencia asumen funciones de los jueces de instrucción, que delegan en ellos para levantamiento de cadáveres en muertes sin indicios criminales.
 

También pueden hacer tareas de mediación entre sus convecinos.
 

Otra de las funciones de los juzgados de paz son los servicios de registro civil, para anotar defunciones, nacimientos, matrimonios, divorcios, etc.
 

El Gobierno desea mantener esas competencias en municipios pequeños y medianos, en unas oficinas que "asumirán labores de apoyo y acceso al registro civil".
 

El Gobierno del Partido Popular también ha barajado externalizar el registro civil de la justicia y encomendar sus funciones a los registradores de la propiedad.
 

Los sindicatos de funcionarios de Justicia se han opuesto a la privatización de los registros y han denunciado que los servicios actualmente gratuitos pasarán a costar entre 10 y 40 euros por certificación.
 

Font i Foto: diariodemallorca.es