La norma incorpora una directiva europea y se produce tras varios escándalos empresariales

Guindos pretende que las auditoras sean más independientes y críticas con las empresas

El Gobierno aprobará a la vuelta de las vacaciones una reforma de la ley de auditoría con «requisitos más estrictos» a las firmas encargadas de comprobar las cuentas de las empresas y demás entidades de interés público para «proteger el interés general y mejorar la calidad de las prácticas». La iniciativa incorporará a la ley española la nueva normativa europea y se produce tras escándalos en Bankia, Pescanova y Gowex.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado que los cambios se aprobarán en los próximos meses y entrarán en vigor en el 2016. «Se reforzará el nivel de independencia de los auditores estableciendo en primer lugar claras delimitaciones a los servicios complementarios que pueden prestar; en segundo lugar, limitaciones a sus honorarios por servicios distintos a la auditoría; en tercer lugar, restricciones a la concentración de honorarios percibidos de una misma entidad; y por último, una rotación externa obligatoria tras un periodo máximo de duración que tenemos que ver si será de entre ocho y diez años después de una fase transitoria», apuntó en el Congreso.

EVITAR NUEVOS GOWEX / Entre otras medidas, se va a ampliar el concepto de entidad de interés público para que -además de empresas cotizadas, aseguradoras y entidades de crédito- incluya a las sociedades que forman parte del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y se evite así casos como el de Gowex.

El Gobierno pretende lograr que los auditores tengan una actitud más crítica y evitar así que se conformen con la información que les dan las auditadas. También quiere reforzar los comités internos de auditoría de las empresas y el supervisor (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), así como prohibir las cláusulas de los contratos que limitan la capacidad de las empresas para elegir auditor. Para aumentar su independencia, las auditoras no podrán tener más un 15% de sus ingresos durante tres años consecutivos de un solo cliente de «interés público».

NORMA EUROPEA / El pasado abril, el Consejo Europeo aprobó la reforma de la directiva y el reglamento comunitario. La principal novedad es la obligación para las empresas de cambiar de auditora cada 10 años. El plazo podrá prorrogarse en una década adicional cuando se lleve a cabo una licitación de los servicios de auditoría por parte de la empresa auditada, o en 14 años si la empresa contrata a más de una firma de auditoría.

La norma también incluye una lista de servicios prohibidos paras las firmas distintos a la auditoría, en particular los relacionados con la asesoría fiscal y la estrategia financiera y de inversión. Asimismo, fija un tope para los ingresos por otros servicios que no estén prohibidos que será del 70% de la media percibida en tres años.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso, criticó entonces la «sobrerregulación que está afectado» al sector. Con todo, aplaudió la capacidad que «se ha dejado a los Estados miembros para perfilar aspectos determinados en función de la idiosincrasia de su tejido empresarial».

Font i Foto: El Periódico