El Ejecutivo incluye la LeCrim entre las medidas para impulsar el Estado de Derecho y para lograr que la Justicia sea más eficiente.

El Gobierno confía en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales, actualmente en fase de anteproyecto, quede aprobada en 2022, según consta en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Sobre la nueva LeCrim, el Ejecutivo señala que "durante 2020 y 2021 se está trabajando con los distintos agentes involucrados, elevando el conjunto de propuestas normativas con objeto de tenerlas aprobadas en 2022".

Además, destaca que "diseña un nuevo modelo de proceso penal constitucional, más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna" porque con los nuevos roles de fiscal investigador, juez de garantías y juez de audiencia preliminar "se consigue distinguir nítidamente en el marco del proceso las funciones de: investigar, tutelar los derechos de los investigados y decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral".

Resalta asimismo que "el anteproyecto refuerza las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso", a la que "reconoce un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal". "En la misma línea, la nueva ley contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad", añade.

También ensalza "la incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad", puesto que "da regulación a las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del AND".

La nueva LeCrim es uno de los "instrumentos normativos" mencionados por el Gobierno como necesarios a fin de desplegar y ejecutar la "reforma para el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del servicio público de justicia".

Apunta igualmente a la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ya aprobada; a la ley de eficiencia procesal, en fase de anteproyecto y que espera tener aprobada en 2022; a la ley de eficiencia organizativa, en la misma fase y cuya aprobación sitúa en 2023; y a la ley de eficiencia digital, de la que aún no se conoce borrador y que prevé aprobar en 2023.

Sobre la ley de eficiencia procesal, recuerda que "incluye medidas de agilización en los cuatro órdenes jurisdiccionales" y contempla "la implantación de medios adecuados de solución de controversias, complementarios y alternativos a la jurisdicción".

En cuanto a la de eficiencia organizativa, expone que creará los tribunales de instancias, lo cual supondrá -entre otras cosas- "establecer criterios comunes entre los miembros del tribunal para que su respuesta sea uniforme y, por tanto, predecible"; transformará los actuales juzgados de paz en oficinas de justicia en los municipios y terminará de implantar la oficina judicial, "haciendo un uso intensivo de la tecnología para prestar un servicio público eficiente y de calidad".

Respecto a la ley de eficiencia digital, explica que "contempla la creación de una arquitectura de información basada en datos, para la función de generación de información y conocimiento para la gestión, así como en una arquitectura de información orientada al metadato, para la función de la interoperabilidad de aplicaciones" entre las administraciones de justicia.

Negociar

El Gobierno reconoce que se trata de un proyecto ambicioso, ya que "es necesario aprobar varias leyes, lo que siempre es complejo", por lo que avanza que "para solventarlo se intentará mantener un perfil técnico que sea fácil de negociar con los grupos políticos".

Moncloa defiende que "el servicio público de justicia ha de ejercer el papel de palanca para la transformación de país" y augura que "la reforma procesal se realizará entre 2020 y 2023".

No obstante, enmarca este plan en el programa Justicia 2030, una 'hoja de ruta' para diez años cuyo objetivo es "la adaptación y mejora de la administración de justicia, para incorporar la transición ecológica y la digitalización y hacerla más accesible y eficiente, mejorando la economía, apoyando en la política contra la despoblación, diseñando modelos de cogobernanza o mejorando la cohesión en coordinación con otros ministerios y administraciones".