García Cazorla hizo patente el sentir de la abogacía en relación con la innecesariedad de abordar una reformar global de la vigente Ley de asistencia jurídica gratuita del año 1996, puesto que con pequeños retoques de ésta ya sería suficiente

El decano del Colegio de Abogados de Sabadell y vicepresidente del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), Juan Antonio García Cazorla, fue uno de los invitados presentes en el Pleno celebrado el pasado día 30 de abril en el Congreso de los Diputados para tratar sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición al nuevo Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita. Al respecto, hay que decir que la Cámara rechazó, con 155 votos a favor, y 170 en contra, las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Socialista, CiU, EAJ-PNB, IU, ICV-EUiA, CHA, UPyD, y ERC, al citado proyecto legislativo. Así mismo, la solicitud de advocación a Pleno fue rechazada por 151 votos a favor y 172 en contra.

La iniciativa, defendida ante el Pleno por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, será ahora remitida a la Comisión de Justicia para continuar su tramitación y, una vez aprobada en sede de esta Comisión, con competencia legislativa plena, se enviará al Senado.

El resultado de la votación, a pesar de ser el esperado, no dejó indiferentes a los representantes de la abogacía que se habían desplazado expresamente a Madrid para poner de manifiesto el rechazo unánime de la abogacía a esta reforma. Entre ellos y acompañando a García Cazorla, también estuvieron presentes Javier Lara, presidente de la Comisión del Turno de oficio del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decano del Colegio de Abogados de Málaga, y Pere Lluís Huguet, vicepresidente del CGAE, y decano del Colegio de Reus. 

Los tres coincidieron a destacar que resulta bastante sintomático el hecho de que la oposición en pleno pida la devolución del proyecto al Gobierno, fruto de la falta de voluntad de diálogo del Ministro, que también tiene tendencia a marginar la opinión de los profesionales. Así lo puso de manifiesto García Cazorla en declaraciones al portal de noticias jurídicas LawyerPress, quién apuntó que se habían podido escuchar razonamientos sensatos por parte de los grupos de la oposición, muchos de ellos basados en las enmiendas elaboradas por la abogacía, mientras que, como contrapartida, “el Ministro Gallardón ha hecho una defensa poco creíble y demagógica del proyecto de ley”. Bajo su criterio, la ampliación indiscriminada de justicia gratuita a determinados colectivos vulnera de forma flagrante el artículo 119 de la Constitución Española “donde se deja claro que la justicia gratuita es para aquellas personas que no tienen medios económicos para litigar. Esta ampliación lo que hace es perder su sentido real como servicio.”

García Cazorla hizo patente el sentir de la abogacía en relación con la innecesariedad de abordar una reformar global de la vigente Ley de asistencia jurídica gratuita del año 1996, puesto que con pequeños retoques de ésta ya sería suficiente. Igualmente, valoró muy positivamente los contactos mantenidos a lo largo de la jornada con los diferentes grupos de la oposición, implicados en esta lucha contra un proyecto que los abogados y abogadas consideran innecesario e injusto, dejando claro que este es el momento de sentar a negociar para intentar plasmar al nuevo texto legislativo las enmiendas elaboradas por la abogacía. En esta negociación que se tiene que abrir habrá que entrar a valorar, según apunta el vicepresidente del CICAC y decano de Sabadell, temas que para la abogacía resultan centrales, como por ejemplo la presunción de abuso cuando el servicio de justicia gratuita se utilice más de tres veces el año, lo que se considera totalmente inaceptable. García Cazorla considera más que correcto el sistema de control existente hasta ahora, a pesar de que puede ser mejorable con pequeños cambios. Otro de los temas que tiene que ser necesariamente objeto de negociación es la territorialidad del abogado, puesto que para él lo más lógico es que el abogado esté cerca de su cliente para poder ofrecer su servicio lo mejor posible y no que se pueda dar el caso de que un abogado no colegiado en la demarcación territorial del colegio donde se lleve el asunto pueda prestar el servicio .

Otro de los temas que preocupa a la abogacía es la excesiva burocratización que se hace del servicio del Turno de Oficio, con la introducción de por ejemplo, un nuevo trámite de solicitud de abogado para recurrir en segunda instancia. Burocratización que, según Cazorla, no irá acompañada de una mejora en la financiación.

Por último, el decano de Sabadell ha querido destacar que todos los grupos de la oposición han vuelto a poner sobre la mesa la lacra que suponen las tasas judiciales, la recaudación de las cuales tenía que servir, según el propio Ministro Gallardón, para financiar la Justicia Gratuita, sin que hasta la fecha el grueso de la recaudación por este concepto haya incrementado las partidas destinadas a dicho servicio.

Por último, una de las enmiendas específicas que se han formulado desde Cataluña a través del CICAC es la que hace referencia al intento de unificación a nivel estatal de los módulos retributivos de los abogados adscritos al servicio de justicia gratuita, dado que la Generalitat de Cataluña tiene transferidas las competencias en materia de Justicia y, por lo tanto, tienen que quedar excluidos de este intento de unificación.

García Cazorla ha querido enfatizar que, por encima de todo, las fuerzas políticas han querido recordar al Ministro la necesidad de diálogo. “Se le ha recordado que tiene que escuchar a los grupos parlamentarios, a la sociedad y a nosotros, los abogados como profesionales que gestionamos este servicio”, siendo este el primer objetivo a lograr para abordar reformas de tanta importancia con unas mínimas garantías de éxito.

Font i Foto: www.informativojuridico.com