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12/11/2014

El Consell de Ciutat de Barcelona pide un mayor control sobre el CIE de Zona Franca
El pleno del Ayuntamiento debatirá, a iniciativa del Consell, sobre el centro de internamiento

 

Barcelona (Redacción).- El Consell de Ciutat de Barcelona, que es el máximo órgano de participación de la ciudad, aprobó en su sesión celebrada este lunes solicitar un aumento del control de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y que se erradique cualquier práctica abusiva.

 

Sin embargo, el Consell no se sumó a la demanda de la plataforma 'Tancarem el CIE de Barcelona' que reivindica desde hace tiempo el cierre de este centro en el que confina a los inmigrantes sin residencia legal como paso previo a su explusión aunque en la mayor parte de los casos no tiene ninguna acusación ni antecedentes penales.

 

Pese a que, según informa Europa Press la ley establece una estancia máxima en el centro de 60 días -prevista sólo para los casos excepcionales-, mientras se producen los trámites de extradición, el acta del Consejo recoge que de los 1.584 retenidos en Barcelona en 2013 se expulsaron a 729, es decir, el 54%, lo que a juicio del órgano municipal, "cuestiona la propia razón de existir y de los motivos por los que se interna durante ese periodo a personas que, finalmente, pueden regularizar su situación o que por cuestiones de derecho internacional no pueden ser extraditadas".

 

El texto aprobado en la sesión del Consell refiere las denuncias por abusos y agresiones por parte de los agentes que custodian el centro, destacando las cuatro muertes que han tenido lugar en su interior: dos por suicidio y otras dos por infarto y enfermedad "extremadamente infrecuente en hombres jóvenes".

 

Ante esta realidad, el Consell trasladará al pleno del consejo municipal que se han conocido numerosas situaciones que generan incertidumbre y malestar sobre su funcionamiento y ponen en duda el cumplimiento de las mínimas garantías para un colectivo de personas de la ciudad sin situación administrativa en regla, hecho que supone una falta administrativa y no un delito penal, pese a que se castiga con la privación de libertad.

 

Es la primera vez que el Consell de Ciutat traslada al pleno del ayuntamiento un iniciativa después de que se aprobara en el último pleno el 31 de octubre el nuevo reglamento de este órgano.

 

 

Font i Foto: La Vanguardia