Tanto el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) como el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España coinciden en valorar positivamente la eliminación de restricciones que dejaban fuera a numerosos mutualistas y destacan que la nueva redacción acerca una solución más amplia, justa e inclusiva

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado este jueves un paso decisivo para resolver una de las principales reivindicaciones de miles de profesionales adscritos a mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La Cámara ha aprobado la proposición de ley que regula la denominada “pasarela al RETA”, incorporando una enmienda que amplía significativamente el alcance de la medida y elimina varios de los requisitos que inicialmente dejaban fuera a numerosos mutualistas.

La modificación aprobada permitirá que los profesionales colegiados que estén o hayan estado integrados en una mutualidad alternativa puedan solicitar de forma voluntaria la transferencia de sus derechos económicos acumulados al sistema público de Seguridad Social. La nueva redacción elimina algunas de las condiciones más controvertidas del texto inicial, como la exigencia de no haber alcanzado el período mínimo de cotización para acceder a una pensión pública, encontrarse en activo en la mutualidad a finales de 2022 o no percibir ninguna prestación pública o mutualista.

La reforma también reconoce la situación de quienes estuvieron integrados obligatoriamente en mutualidades sustitutivas antes de que estas pasaran a tener carácter alternativo, permitiendo que esos años puedan ser tenidos en cuenta para el cómputo de los períodos de carencia exigidos para acceder a la jubilación contributiva.

La aprobación ha sido recibida con satisfacción por las principales instituciones representativas de la abogacía y la procura. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha destacado que la nueva redacción supone una pasarela “más amplia y más justa”, fruto de años de reivindicación de los mutualistas afectados. El decano del Colegio, Eugenio Ribón, ha subrayado que el reto pasa ahora por garantizar que el futuro desarrollo reglamentario permita una aplicación efectiva, transparente y jurídicamente segura.

En la misma línea se ha pronunciado el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), que considera que la reforma corrige limitaciones relevantes de la propuesta inicial y acerca una solución largamente demandada por miles de profesionales. La institución valora especialmente el reconocimiento de los períodos de integración en mutualidades sustitutivas y la ampliación del colectivo que podrá acogerse a la futura pasarela.

Otro de los aspectos más destacados de la enmienda es la exención fiscal de las operaciones derivadas de la transferencia de derechos económicos desde las mutualidades al sistema público. Tanto la abogacía como la procura consideran esta medida esencial para evitar que los profesionales que opten por incorporarse al RETA sufran una penalización tributaria por acogerse al mecanismo.

Pese al avance logrado en el Congreso, las organizaciones profesionales coinciden en que todavía queda trabajo por hacer. El texto deberá continuar su tramitación en el Senado y posteriormente desarrollarse mediante reglamento. Será en esa fase donde se definirán cuestiones clave como los criterios para convertir los derechos económicos acumulados en períodos cotizados, los procedimientos de solicitud y los parámetros que determinarán el cálculo de las futuras prestaciones.

El Consejo General de la Abogacía Española ha valorado igualmente la aprobación parlamentaria como un paso relevante hacia una solución para miles de profesionales que afrontan dificultades para acceder a una jubilación digna. La institución ha reconocido el papel desempeñado por asociaciones, plataformas y colectivos de mutualistas que durante años han impulsado esta reivindicación y han contribuido a situarla en el centro del debate político.

Las organizaciones profesionales insisten en que el éxito de la reforma dependerá de que el desarrollo reglamentario respete el espíritu de amplitud e inclusión aprobado por el Congreso. El objetivo común es que la futura pasarela permita ofrecer una respuesta real, voluntaria y eficaz a quienes durante décadas desarrollaron su actividad profesional bajo sistemas alternativos de previsión social y ahora buscan integrarse en el sistema público de protección social.

Con la votación de este jueves, los mutualistas han logrado uno de los avances más importantes de los últimos años. Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La atención se traslada ahora al Senado y, posteriormente, a la elaboración del reglamento que deberá convertir el acuerdo político alcanzado en una solución práctica para miles de profesionales en toda España.

Redacció: Lawyerpress 

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