Este año se prevé como otro momento de lucha a favor de la honorabilidad de la labor de aquellos profesionales que trabajamos en pro de la defensa de los derechos de los ciudadanos, que económicamente no pueden costearse un litigio. 

Es la época del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita, pues estamos en plena temporada de cambios dentro de este modelo jurídico. Una de estas modificaciones se plantea a nivel legislativo, ya que tenemos en el aire un proyecto de ley que puede suponer un antes y un después para este servicio de vital importancia en nuestro estado.

El planteamiento de esta normativa supondrá un paso para atrás tanto para la ciudadanía como para los abogados y procuradores que prestamos este servicio las 24 horas, los 365 días del año. Uno de los aspectos objeto de análisis es la supresión de la residencia del abogado, ya que se contempla que no es necesario que éste tenga despacho abierto en el ámbito del colegio donde se llevará a cabo la defensa del ciudadano. Entonces, ¿podría realizarse eficazmente esta protección si el abogado reside en Asturias y se hace cargo de un cliente de Huelva? El resultado es inconcebible. Los que estamos en contacto con los ciudadanos sabemos que el resultado sería negativo.

Pero no sólo este aspecto lo rechazamos, sino que también consideramos improcedente el resto del texto. Perjudica al ciudadano, crea desigualdades, burocratiza en exceso el servicio, no garantiza la financiación pública suficiente y no respeta ni dignifica la labor del abogado de oficio.

Si es necesario un cambio en la redacción de la vigente Ley de 1996, esta modificación debe realizarse y aprobarse con el consenso de toda la abogacía, para que la profesión no pierda su dignidad. Además, con este acuerdo, entre el Gobierno y los que verdaderamente ejercen esta labor social, se garantiza que ningún ciudadano se quede sin su derecho a la tutela judicial efectiva.

Además de este pacto entre todos los abogados y el Ministerio de Justicia, la formación es otro aspecto que está en el punto de mira. Es necesario mantener una cualificación actualizada de los conocimientos de todos estos compañeros. Es la única manera de asegurar el mejor servicio a los clientes y que ellos sepan que cuentan con profesionales plenamente instruidos y en constante formación.

La abogacía es una de las carreras que más requiere estar a la orden del día, pues se introducen nuevas normativas, modificaciones en las ya existentes. Si no las conocemos, no podremos ejercer. En este sentido, es imprescindible aprobar un reglamento que normalice esta situación, pues es la única manera de asegurar este compromiso de todos los operadores de la Administración de Justicia para que esto sea una realidad.

Y si hablamos de reglamentos, la Asistencia Jurídica Gratuita requiere un protocolo de actuación ante la masiva llegada de inmigrantes indocumentados y sin recursos.

Esta situación, que parece bastante común en nuestro país, requiere un documento que normalice la práctica de atender jurídicamente a estas personas.  Su elaboración permitirá a la abogacía contar con una estructura normalizada, lógica y razonada que garantice el derecho a la tutela judicial, a un proceso con las máximas garantías de igualdad e independencia y el derecho a la defensa.

Además de estos aspectos normativos, durante este año mantenemos otro objetivo: conseguir un pago puntual en el abono de los servicios a los abogados inscritos en el Turno de Oficio.

Hay provincias, como Málaga, donde se ha vivido una situación injusta con respecto al resto de territorios. Mientras algunas comunidades autónomas tenían los pagos al día, otras tenían pendiente de cobro los gastos de funcionamiento, varios trimestres de la asistencia a detenidos y otros tantos del Turno de Oficio. Este ha sido el caso que ha vivido la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año pasado.

Parece que poco a poco los organismos tratan de ponerse al día en estos pagos, pero necesitamos un compromiso que confirme su apoyo al papel social que desempeñamos y no lo empobrezca. Pero además exigimos unas cuantías dignas para todos los abogados que estamos dados de alta en estos servicios, con independencia del lugar de su residencia.

En definitiva, este año está en juego mucho más que un área de la abogacía. 42.500 abogados están en el punto de mira y no sólo ellos, sino la totalidad de la población con insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a un proceso judicial.

Todos los que formamos parte de la abogacía española estamos dispuestos a alzar la voz, a salir a la calle para protestar y a luchar por un trato digno e igual  para el turno de oficio. No sería la primera vez, ya lo hemos demostrado en repetidas ocasiones con otros temas que afectaban a la profesión y  directamente a los ciudadanos.

El 2015 es el año de la dignidad de los abogados del Turno de Oficio. Todos los que formamos parte de él prestamos este servicio para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, porque creemos en nuestro trabajo y en la labor social que ejercemos en la ciudadanía.

Dignidad, protección y regularización es lo único que exigimos y que supondrían los cambios más importantes para este año.

Font: lawyerpress.com