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06/11/2014

El nuevo perfil del desahuciado
Los desalojos por impago de alquiler o hipoteca se disparan a pesar de los primeros síntomas de recuperación económica

 

La última ola de desahucios en Nou Barris constata que el problema de los desalojos por impago de alquiler o de hipoteca, lejos de desaparecer, se acentúan, pese a los primeros síntomas de mejora de la economía. Así lo corroboran los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  sobre lanzamientos, el término judicial para referirse a desahucios, que reflejan un aumento del 3,7% de los desalojos en el segundo trimestre del año con respecto al mismo período de 2013. En concreto, se efectuaron 18.749 lanzamientos, de los cuales 53,2 % eran de pisos de alquiler, el 44,2 % por impago de hipotecas y el 4,6 % restante obedeció a otras causas. La problemática no cesa pese al decreto aprobado hace dos años por el Gobierno estatal, pero lo que sí que ha variado es el perfil de los afectados. 

 

"Ha cambiado mucho", asegura el director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, "se ha ampliado en gran medida a sectores sociales a los que antes nunca había afectado el problema de los desahucios". En este sentido, puntualiza que desde el principio de la crisis los inquilinos que viven de alquiler son los que sufren más el problema de los desalojos, a pesar de que en los medios de comunicación los lanzamientos por impago de la hipoteca han acaparado más la atención mediática. 

 

Según el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Carlos Macías, lo que más ha cambiado es que aumenta el número de familias que han sido doblemente desahuciadas o están amenazadas de quedarse de nuevo en la calle tras sufrir un primer proceso de este tipo. O bien se trata de personas que perdieron su vivienda de propiedad por no poder hacer frente a la hipoteca y que fueron a vivir de alquiler y ahora tampoco pueden pagarlo, o bien de familias desahuciadas que se han realojado en casa del aval y que vuelven a revivir la misma situación cuando éste pierde también su casa al no poder hacer frente al pago de la deuda pendiente que avaló. 

 

Por otro lado, Macías recalca que, en contra de lo que muchos creen, la mayoría de los desahuciados son nacionales. "Lo que sí que es cierto es que el inmigrante suele padecer las consecuencias del impago de la hipoteca antes porque no tiene una red de apoyo familiar". Precisamente, una de las principales críticas que la PAH dirige contra las estadísticas oficiales es "la falta de datos cuantitativos y cualitativos" que analicen el impacto que puede generar la pérdida de la vivienda habitual en la salud y las repercusiones psicológicas y físicas que puede tener para los menores de edad afectados. 

 

En este sentido, la PAH y el Observatori DESC son los autores de un estudio –Informe de Emergencia Habitacional - que va más allá de las estadísticas oficiales en cuanto al análisis del problema de los desahucios. El informe concluye, por ejemplo, que la media de edad de las personas afectadas es de 51 años, el 82% tienen nacionalidad española, el nivel de formación es superior al de la media española, ya que el 59% ha cursado estudios secundarios, y de éstos, un 24% posee algún título universitario; más de la mitad de las familias desahuciadas viven con algún menor de edad y un 45% tiene dificultades para comprar productos de alimentación básica. 

 

Aumentan los desahucios "Los brotes verdes yo no sé donde los ven", comenta Macías. Su negación rotunda de que el problema haya mejorado en los últimos tiempos se basa en hechos. Los lunes a las seis de la tarde el local de la PAH de Barcelona, situado en la calle Enamorats, 105, continúa recibiendo decenas de nuevos casos de personas y familias con problemas para pagar la hipoteca y el alquiler. "¿Aquí tienen abogado?", pregunta uno de los asistentes con aire preocupado sólo pisar el suelo del local; "¿es aquí la PAH?", interpela otra posible afectada al entrar por la puerta. El lleno es absoluto. 

 

El director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, también corrobora que el número de afectados crece: "No notamos que aflojen los desahucios", comenta, y añade que también ha incrementado alrededor de un 13% el presupuesto con el que cuenta su oficina -60 millones de euros para este año- para paliar la situación a través de ayudas económicas al alquiler y la vivienda de propiedad y la mediación con las entidades financieras. En total, en lo que va de año, la oficina ha atendido 30.000 familias, unas 6.000 más que en 2013. En cuanto a la labor de mediación que lleva a cabo con las entidades financieras, Fornt explica que "el 65% de las propuestas se aceptan", y asegura que han aumentado las resoluciones pactadas en aras de encontrar una salida para las familias afectadas. 

 

Por su parte, Carlos Macías añade que cuando los bancos "se ven presionados", es más fácil encontrar una solución. También arremete contra el fondo de 6.000 viviendas en régimen de alquiler social que el Estado creó como medida paliativa al problema de vivienda que existe en España. "Es ridículo", afirma, y recuerda que en el Estado español se han producido en los últimos 15 meses más de 70.000 ejecuciones hipotecarias. "Nos hemos visto obligados a agotar todas las vías, a realojar a más de 1.180 personas gracias a la Obra Social la PAH", que ocupa pisos vacíos en manos de entidades financieras. 

 

Más desahucios en Barcelona


Este mes de noviembre está previsto el desalojo de 56 familias en situación social de riesgo en la ciudad condal. Estos son los casos de los que tiene conocimiento el Consistorio. No obstante, el ayuntamiento ha indicado que "se está trabajando para encontrar una solución" para estas familias, bien sea mediante su realojo en algunos de los 743 pisos de emergencia social del municipio cuando el desahucio se ejecuta o bien la paralización del lanzamiento a través de la herramienta de la mediación. También ha precisado que cuando la ocupación es ilegal "no es factible el acceso a un piso público de emergencia", excepto cuando hay menores de edad o personas con discapacidad. 

 

Nou Barris es el distrito con las rentas más bajas de la ciudad y el más afectado por los desahucios desde que empezó la crisis. Según la PAH, cada semana se producen entre 15 y 20 lanzamientos, aunque el número a veces puede ser superior. Al principio eran familias afectadas por ejecuciones hipotecarias, pero cada vez hay más casos de desalojos por ocupaciones ilegales o impago del alquiler. "Nosotros pedimos que el ayuntamiento no realoje a los afectados por impago de la hipoteca" en otros pisos que costea el erario público, dice Macías, y exige que las entidades financieras concedan "alquileres sociales" en estos casos. "El rescate millonario a la banca tiene que ser con garantías sociales", concluye.

 

 

Font i Foto: Lavanguardia.com