Bajo el lema Por la cultura del acuerdo, los próximos 3 a 5 de mayo tendrá lugar el XIII Congreso de la Abogacía Española en el Centro de Convenciones de PortAventura de Tarragona. Un encuentro que retoma un formato de gran tradición en la abogacía, los congresos deliberativos. El fin es que todos los profesionales de la abogacía reflexionen y debatan sobre el futuro que quieren para la profesión.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega subraya la importancia de este congreso, del que saldrá “nada más y nada menos que la hoja de ruta de la profesión para la próxima década”. Ortega también repasa para Cinco Días Legal las cuestiones que más preocupan a los abogados en la actualidad con la huelga de letrados de la Administración de Justicia en el ojo del huracán.

Pregunta. El lema del congreso es Por la cultura del acuerdo ¿Por qué lo han elegido? ¿Qué quieren transmitir?

La búsqueda del acuerdo está en la esencia de la abogacía. Cuando un compañero escucha las demandas de su cliente, en lo primero que piensa es en cómo conseguir sus objetivos mediante el diálogo con la parte contraria y en la consecución de un acuerdo en el que ambas partes salgan beneficiadas. Nuestra labor durante siglos ha sido trasladar esa mentalidad al conjunto de la sociedad, aunque según la época hayamos tenido más o menos suerte con ello. En la actual coyuntura, con un ambiente político enrarecido que tiene paralizado el órgano de gobierno de los jueces y con unos juzgados colapsados, la cultura del acuerdo se vuelve más importante y necesaria que nunca.

P. Desde el IX Congreso, celebrado en 2007 en Zaragoza, no se celebraba una asamblea con el formato colaborativo ¿Por qué se vuelve a este modelo?

La abogacía ha demostrado a lo largo de los años que es plenamente consciente de su importante rol de liderazgo en el seno de la sociedad. Somos los actores protagonistas en la consecución de los derechos y del progreso en materia de libertades. Por eso es importante que la profesión se tome un periodo de reflexión y delibere sobre hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos en el futuro. Creo que la trascendencia de congresos deliberativos como el de León de 1970 hablan por sí solos sobre la importancia que pueden tener en el devenir de nuestro país. Guardando las distancias, la abogacía está hoy en día inmersa en un momento de transformación social, tecnológica y profesional, en el que debemos decidir entre todos cómo queremos que sea el futuro de la profesión.

P. “Ejercicio de los derechos y libertades hoy”, “avances y desafíos de la regulación deontológica”, “intermediación y los nuevos modelos de negocio en la profesión” y ”cómo diseñar la especialización y la formación continua”, son los temas elegidos para las cuatro ponencias principale. ¿Cómo funciona un congreso de estas características y por qué estos temas?

El eje deliberativo del congreso ha arrancado ya con la formulación de cuatro propuestas de ponencias elaboradas por los juristas de reconocido prestigio Jesús Remón, José Ramón Chaves, Maria Emilia Casas y Francisco Caamaño. Los textos están disponibles en la web del congreso y se pueden descargar con facilidad. ¿Por qué estos temas? Porque, efectivamente, entendemos que son los cuatro asuntos más relevantes que debemos afrontar en los próximos años. Son cuestiones no solo muy importantes, sino urgentes como es el caso de la definición de las especialidades y de cómo se homologarán, qué debemos hacer en materia de plataformas de intermediación, cómo deben formularse y materializarse los derechos de la ciudadanía y, por supuesto, como mejoramos nuestro sistema deontológico.

P. ¿Cómo pueden participar los abogados y abogadas que estén interesados en alguna de las cuatro ponencias?

Cualquier abogado de España tiene de plazo hasta el 14 de abril para aportar sus propuestas a cualquiera de las ponencias enumeradas a través del envío de una comunicación, con sus consideraciones y participar así activamente en la definición de nuestro futuro. Después, en el congreso, va a poder defender públicamente su posición y tratar de convencer a los demás de la necesidad de adoptar tales o cuales decisiones. Y, finalmente, podrá votar con el resto de los congresistas las conclusiones del congreso.

P. ¿Qué valor tendrán para el Consejo esas conclusiones?

Serán nada más y nada menos que la hoja de ruta de la profesión para la próxima década. Tras la reflexión y la deliberación, esas conclusiones se votarán en la sesión plenaria del día 5 de mayo. Y serán el resultado de lo que crea la mayoría. La abogacía no solo estamos en la esencia de la democracia, sino que la practicamos cotidianamente en todos los colegios. La abogacía será lo que los profesionales queramos que sea.

P. Además de las cuatro sesiones deliberativas, habrá 60 conferencias formativas distribuidas en seis itinerarios (práctica jurídica procesal, nuevas reformas legales, cultura del acuerdo, habilidades profesionales, tecnología para la práctica profesional y buenas prácticas de despacho). ¿Cómo se compone un programa de estas dimensiones y cómo se seleccionan los ponentes?

El único criterio para una selección de este tipo solo puede ser el del prestigio y los conocimientos de los conferenciantes, aunque lógicamente también su disponibilidad. En un simple vistazo del programa se puede ver que todos son lo que se llamaría primeras figuras en las materias que abordarán. El objetivo es, además, que todas las conferencias tengan un sentido muy práctico, de forma que los asistentes se lleven conocimientos que días más tarde podrán utilizar en sus despachos. Lo mismo puede decirse de la feria tecnológica en cuanto a los últimos productos que ofrece el mercado para hacer más eficiente el trabajo de los profesionales.

P. El programa se compone también de tres sesiones plenarias. ¿En qué consisten y qué temas se abordarán?

Le puedo avanzar que la primera correrá a cargo de Miquel Roca y versará sobre la cultura del pacto. Roca es una referencia internacional en este aspecto, con una larga trayectoria como abogado, y un incontestable bagaje.

P. Y, para terminar con el congreso, ¿lo definiría como trascendental? ¿Por qué no deberían perdérselo los profesionales de la abogacía?

Como le decía hace un rato, hay momentos, en la historia de los países, de las personas, y también de las instituciones en los que se producen puntos de inflexión. Los casos precedentes son clara muestra de ello, como fue el caso de León. A mí me hubiera gustado estar allí. Todos tenemos ocasión de participar en la toma de decisiones de hoy mirando al futuro. Dentro de 10 años no me gustaría mirar atrás y decirme a mí misma que pudiendo haber participado preferí quedarme en casa.

P. Hagamos ahora un breve repaso por tres temas de gran actualidad. La huelga de los letrados de la Administración de Justicia está llevando a la justicia a una situación insostenible. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué iniciativas están llevando a cabo para defender los intereses del colectivo al que representan?

Hay una enorme preocupación en la abogacía por la deriva que está teniendo la huelga de los letrados judiciales. Desde un principio hemos sostenido nuestro respeto al derecho de huelga, pero hemos reclamado el estricto cumplimiento de la ley y un esfuerzo por generar el mínimo daño imprescindible a la ciudadanía. El Pleno del Consejo lo ha abordado reiteradamente y exigido un diálogo continuo para que el final del conflicto llegue lo ante posible. También hemos reclamado un plan de recuperación del tiempo perdido y medidas que eviten un nuevo colapso como consecuencia del desbloqueo de las notificaciones. La abogacía no podrá asumir una avalancha que derivaría en otro colapso añadido.

P. ¿Son imprescindibles los baremos profesionales? ¿Cómo piensa responder Abogacía a las últimas sentencias del Supremo al respecto?

Los baremos profesionales son una obligación legal; son un derecho y forman parte del principio de seguridad jurídica. El ciudadano tiene derecho a saber cuáles serán las consecuencias económicas de perder un pleito y para eso es imprescindible que existan unos baremos como referencia para la elaboración de las costas. Lógicamente, estamos preocupados porque la CNMC y el Tribunal Supremo las consideran una suerte de práctica anticompetitiva pero, al mismo tiempo, reconocen el mandato legal para que los colegios prestemos orientación a los colegiados a los únicos efectos de elaborar la tasación de costas.

P. ¿Es la conciliación la gran asignatura pendiente de la profesión? ¿Están de acuerdo con la regulación qué propone el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal? ¿Es suficiente?

La conciliación es una asignatura pendiente en el conjunto de la sociedad española, pero es especialmente grave en el caso de la abogacía, pues los profesionales no tenemos siquiera los derechos que se reconocen a cualquier trabajador por cuenta ajena. Hemos dado algunos pasos sólidos y la Ley de Eficiencia Procesal puede consolidar algunas demandas adicionales una vez que se apruebe, pero somos enormemente combativos en este terreno y no vamos a cejar en nuestras reclamaciones hasta que ser abogado y conciliar sea posible.

Redacció: Fernando Cameo

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