La lentitud es una de las principales críticas que recibe el sistema judicial español, que en muchos niveles se ve colapsado por la falta de medios personales y materiales para atender al elevado volumen de carga de trabajo que concentra. Ello conlleva que los tribunales ya hayan completado sus agendas para el año que viene y estén empezando a señalar vistas orales para 2024, 2025 o 2026. El abogado sevillano Daniel Sánchez ha revolucionado al sector con su lucha para impedir que los juzgados tarden tanto tiempo en resolver asuntos de los que dependen el día a día de los ciudadanos, como los demandas laborales o familiares, llevando la cuestión incluso ante el Tribunal Constitucional.

No es la primera vez que este letrado recibe la notificación de que debe esperar varios años para la celebración de sus juicios pendientes. En septiembre logró que un juzgado de lo Social de Sevilla adelantara a finales del año pasado una de las vistas señaladas para 2024. Sin embargo, no ha conseguido lo mismo con otro de los asuntos previstos para dentro de dos años. Así, según ha explicado Sánchez a La Información, a la vista de que unos juzgados sí "reorganizan" su agenda para no demorar la resolución de demandas y otros órganos, con un número similar de asuntos, no ven posible hacer la misma gestión, ha decidido buscar amparo ante el tribunal de garantías para que se "adopten aquellas medidas que sean oportunas para velar por la tutela judicial efectiva".

"¿Tiene que esperar este cliente hasta 2025 o 2026 para que el juez resuelva que le corresponde el despido improcedente o que le corresponde indemnización por despido objetivo? ¡Es un atropello! Al final siempre pierde el justiciable", lamenta el abogado sevillano en una conversación con este diario. Por ello, una vez que el juzgado de Sevilla en cuestión rechazó todos sus recursos contra la fecha acordada para celebrar la vista oral sobre la demanda laboral de su cliente, el pasado mes de diciembre decidió interponer un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional con la confianza de que se admita a trámite por su "trascendencia constitucional".

Sánchez denuncia que este retraso es "intolerable", ya que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso sin dilaciones. En este sentido avanza que si recibe una respuesta negativa del máximo intérprete de la Constitución, cuenta con el apoyo de su cliente para elevar el asunto sobre la lentitud de la Justicia española, y en particular la de Sevilla, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El colapso de los tribunales es un problema generalizado que desde hace años afecta a todos los órganos y órdenes jurisdiccionales, según denuncian las distintas asociaciones de jueces, fiscales y colectivos profesionales. La situación empeoró con la paralización de su funcionamiento durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19 y con el aluvión de litigios derivados de las consecuencias tanto económicas como personales de dicha crisis sanitaria.

Dos quejas al CGPJ

El abogado sevillano comenzó su batalla con la interposición de dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de que se pongan en marcha mecanismos que eviten que los "señalamientos tardíos se produzcan". Sin embargo, la respuesta del órgano de gobierno de los jueces no ha sido la esperada: "La Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que la fijación de los señalamientos por parte del órgano judicial es una actividad cuasi jurisdiccional en la que los órganos gubernativos carecemos de competencias", indica el escrito del CGPJ.

Además, la institución que preside Carlos Lesmes añadió que el motivo por el que se señalan vistas orales en fechas lejanas es "el exceso de juicios a realizar sobre una estructura de número de juzgados claramente insuficientes" en la capital hispalense. En este sentido, recordó que es al Ministerio de Justicia al que le corresponde "la creación de nuevos órganos judiciales y aportación de medios para evitar estas dilaciones". 

"La causa de la lejanía en su señalamiento es el exceso de juicios a realizar sobre una estructura de número de juzgados claramente insuficientes", afirma el CGPJ.

Recogida de firmas

Daniel Sánchez puso en marcha el pasado 30 de diciembre la campaña de recogida de firmas "¡No a los juicios para dentro de 3, 4 o 5 años! ¿Tutela judicial efectiva?", en la que ya han participado más de 1.000 personas para denunciar que "la Justicia tardía no es Justicia". Pero los apoyos no quedan ahí, pues varios compañeros de la carrera y del sector ya suscriben la iniciativa a través de sus redes sociales. Asimismo, la sección de los funcionarios de Justicia del sindicato USO se ha mostrado a favor de la campaña iniciada, al igual que el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Asturias, que ha instado al consejo general de la profesión a estudiar la petición de amparo. En la misma situación se encuentra el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

Por otro lado, el Colegio de Abogados de Lugo trasladó recientemente su "solidaridad y apoyo" al abogado, recordando que en varias ocasiones ya se ha reiterado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y al CGPJ la situación en la que se encuentran los tribunales. Sin embargo, Sánchez admite que, mientras que el Consejo General de la Abogacía Española solo se ha hecho eco de sus demandas a través del Gabinete de Prensa, pero no de manera oficial, le "entristece" que el Colegio de Abogados de Sevilla al que pertenece todavía no se ha pronunciado al respecto, por lo que ha presentado una reclamación ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Font: www.lainformacion.com