La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia que la economía sumergida supone en España entre "el 20% y el 25% del PIB, es decir, el doble de la media existente en la Unión Europea" y que el país sufre un preocupante nivel de fraude tributario. En palabras de su presidente, Ransés Pérez Boga, poner en marcha una batería de medidas que mejore estas cuestiones puede generar recaudación mayor y "más justa" que "la que lograría la subida de tipos que plantea el comité" de expertos de Hacienda para la reforma tributaria, quienes ven margen para recaudar hasta 35.000 millones de euros más solo con impuestos verdes e IVA. A tal efecto, la Asociación presentó ayer el documento Propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las administraciones tributarias, que ya ha sido entregado a Hacienda y a la Agencia Tributaria, en el que abogan por crear una Policía fiscal, permitir a los inspectores actuar de incógnito, pagar a confidentes, blindar el registro de domicilios o vetar el pago en efectivo entre empresarios.

De entre todas las medidas planteadas, destaca por su novedad y calado, la petición de integrar a inspectores en un nuevo cuerpo con competencias policiales. El documento reclama una "mejora en la investigación y denuncia de los delitos contra la Hacienda Pública y de Contrabando". Actualmente, argumenta, "la Administración Tributaria es la encargada de la aplicación de las normas tributarias y de la lucha contra el fraude fiscal" pero ante casos graves debe "limitarse a denunciar los hechos y a actuar como mero auxiliar del juez o fiscal, sin competencias propias, cuando realmente es la que mejor está preparada para investigar ese tipo de delitos". Para solventarlo, propone una progresiva ampliación de las competencias del personal de la Agencia Tributaria (AEAT), apostando en un primer momento por crear equipos especializados que colaboren con la Justicia. Más adelante, prosigue, lo deseable sería contar con una Policía Judicial "a través de la conversión de determinadas unidades de la AEAT en Policía Fiscal, con potestades similares al Ministerio Fiscal". Eso evitaría que la autoridad fiscal tenga que proceder a una "judicialización temprana" de los expedientes, interrumpiendo su labor investigadora en favor del Juzgado de Instrucción. Finalmente, propone la creación de "equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves", que requieren de los "conocimientos técnicos, contables y fiscales" de los inspectores.

El modelo, explicó Ransés, "no es tanto como la italiana" Guardia di Finanza, "que es casi como nuestra Guardia Civil", sino "más como el servicio de vigilancia aduanera, que ya está dentro de la Agencia Tributaria trabajando en blanqueo y contrabando".

En paralelo, solicitan crear una unidad especializada en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia y el blanqueo, que podría colaborar por ejemplo en la detección de activos de oligarcas rusos sancionados ahora por la invasión a Ucrania. También piden la creación de juzgados económicos especializados.

En todo caso, y a la espera de avances en este sentido, la AHE reclama reforzar las potestades de la Inspección, permitiéndole, por ejemplo, actuar de incógnito para realizar "actuaciones de obtención de información sin tener que identificarse"; o "el pago a confidentes para la denuncia de delitos".

Los inspectores también aspiran a ver legislativamente blindada su capacidad de llevar a cabo registros de domicilios (fundamentalmente de empresas y en algún caso de contribuyentes particulares) con autorización judicial pero sin preaviso al interesado mediante el desarrollo de una ley orgánica que lo regule. Conviene recordar que el Tribunal Supremo ya cuestionó sus capacidades y que el Gobierno trató de reforzarlas mediante la ley de medidas contra el fraude fiscal en vigor desde el pasado julio, pero que al no ser orgánica corre el riesgo de acabar siendo cuestionada también en los tribunales.

Conscientes de la dificultad de lograr un amplio aval Parlamentario a esta nueva ley orgánica, priorizan obligar a las empresas a depositar su contabilidad y facturas en un espacio ajeno al domicilio y de libre acceso a la Administración Tributaria, denominado tax room, que Italia utiliza con éxito finalizando sus inspecciones en dos semanas frente a los 11 meses que pueden llevar en España.

Los inspectores defienden también que para acabar con el fraude es preciso aumentar la trazabilidad de los pagos y abogan por rebajar de 1.000 euros el tope de abonos en efectivo entre empresarios, e incluso prohibirlos, o por desarrollar el derecho del consumidor a pagar con tarjeta en cualquier establecimiento.

Finalmente, el documento promueve endurecer la lista de morosos (rebajando de 600.000 a 300.000 euros la deuda por la que se figura en ella o vetando a sus miembros la constitución de empresas); por declarar la "muerte civil" de los defraudadores (revocando su NIF, vetándoles la emisión de facturas o los contratos con la Administración); y por ampliar los plazos de prescripción de delitos cuando medien paraísos fiscales.

La Asociación de Inspectores de Hacienda reclama mayores competencias para luchar contra los delitos tributarios creando un cuerpo entre el Fisco y la Fiscalía. Cifran la economía sumergida en el 25% del PIB.

PROPUESTAS CONTRA EL FRAUDE

Defienden el pago a confidentes y la muerte civil de los defraudadores tributarios Reclaman blindar el registro de domicilio por ley orgánica y un acceso permanente a cuentas y facturas Abogan por vetar el pago en efectivo entre empresarios y por extender el abono con tarjeta

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), Ransés Pérez Boga.

Mauricio Skrycky

Font: www.mynmedia.mynews.es