Así lo ha asegurado el decano del Colegio de Barcelona, Oriol Rusca, en la presentación del Informe de la Justicia 2014, que ha detectado una congestión del 196% en la jurisdicción más castigada, la social.

“El mal endémico de la Justicia sigue siendo el mismo: la congestión”. Así de tajante se ha mostrado el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, en la presentación del Informe de la Justicia 2014.

Rusca ha explicado que cada año se inician casi 8 millones y medio de asuntos en el área de Barcelona, de los cuales más de dos millones y medio quedan pendientes de resolución y ha insistido en que “modificando las leyes no se solucionará el problema”.

Según el informe, que se presenta anualmente desde 2007, es “altamente preocupante” la situación en la jurisdicción social, el único sector que ha registrado un aumento de litigiosidad respecto a años anteriores y que ya registra una tasa de congestión del 196%, un 20% más que antes de la crisis.

De hecho, el informe pone de manifiesto que el aumento de casos responde a la crisis económica, tal y como reflejan las tasas de paro, el descenso en las contrataciones, y el aumento del volumen de despidos y reclamaciones de cantidad, “que evidencian una de las caras más dramáticas de la recesión económica”.

Los índices de litigiosidad en los diferentes ámbitos (penal, civil, contencioso admistrativo, laboral) siguen siendo muy desiguales entre sí, siendo el penal donde se registra una litigiosidad más alta (un 133%) frente al civil (35%), contencioso (4%), o el laboral (10%). El informe también pone de manifiesto que la litigiosidad en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Barcelona está por encima que en el resto de Cataluña y del Estado debido a su “densidad de población”.

Tasa de congestión

Por ello, el ICAB cree que el incremento en un 1% del presupuesto del Ministerio de Justicia es totalmente insuficiente para resolver los problemas de la Administración de Justicia. “La crisis económica ha golpeado duramente la Administración de Justicia, que a pesar de su importancia y trascendencia en la sociedad, siempre se ha encontrado en inferioridad de condiciones respecto otras administraciones”, ha afirmado Rusca. “Hay que apostar decididamente por una nueva oficina judicial más estructurada y organizada, así como por una mayor coordinación con todas las partes que participamos en la Administración de Justicia para mejorar la situación”, ha añadido.

Expedientes del FOGASA

La diputada del ICAB, Eva Pous, ha destacado el caso de los expedientes de FOGASA - organismo público que debe encargarse del pago de las indemnizaciones por despidos - que considera “alarmante”. Pous ha explicado que antes de la crisis solían necesitarse cuatro meses para obtener una sentencia tras la impugnación de un despido, mientras que actualmente se necesita un año y medio de media para obtener la citación judicial, a lo que hay que sumar el tiempo que tarda en pagar el FOGASA desde la publicación de la sentencia.

Tasa de resolución

La incidencia de las tasas judiciales