La ceremonia de inauguración del año judicial se realiza solo un día antes de que el CGPJ debata sobre su propuesta de magistrados para el TC

Ministerio de Justicia (Foto: MdJ)

Hoy comienza el año judicial y el Ministerio de Justicia prevé que, después de que agosto ha sido un mes inhábil, va a tener que gestionar más de cuatro millones de notificaciones telemáticas en los diez primeros días hábiles del mes. Según las estimaciones del Ministerio, algunos días se podrá alcanzar el medio millón y en esas jornadas se podrán superar los 20 millones de operaciones de firma electrónica.

Este volumen de solicitudes va a representar la primera gran prueba de la nueva versión de LExNet, que entró en funcionamiento el pasado mes de mayo. Para evitar problemas, el departamento dirigido por Pilar Llop ha puesto en marcha el Plan de Monitorización del Arranque y Cierre del Año Judicial 2022. Según explican desde Justicia, un equipo específico de profesionales dentro del Ministerio realizará, hasta el próximo 15 de septiembre, una vigilancia exhaustiva para asegurar que los servicios tecnológicos proporcionados operen con normalidad tras el periodo de inhabilidad del mes de agosto.

Según explica Justicia en una nota, “se trata tanto de asegurar la calidad del servicio como intentar minimizar los riesgos de ciberseguridad, pudiendo reaccionar de forma rápida y eficaz en caso de ciberataques o incidencias que puedan producirse”.

Pilar Llop, ministra de Justicia. (Foto: Moncloa)

Previamente, se han realizado tareas técnicas para preparar la infraestructura tecnológica ante el aumento de la demanda de este periodo, especialmente derivado de la liberación de las notificaciones procedentes del periodo inhábil y de las propias del mes de septiembre.

Uno de los elementos que más podrían influir en esta avalancha de notificaciones es el fin de la moratoria concursal. El pasado 30 de junio finalizó esta medida, puesta en marcha por el Gobierno en el marco de una batería de normas articulada para atenuar los efectos de la covid. Esto significa que, desde el 1 de julio, los deudores que se encuentren en estado de insolvencia deberán solicitar la declaración de concurso de acreedores en el plazo de dos meses; esto es, a partir del 1 de septiembre. Los juzgados de lo mercantil ya comenzaron el 1 de julio a revisar la admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que no se presentaron durante el plazo de vigencia de la moratoria.

La moratoria concursal ha propiciado que el deudor en situación de insolvencia no se vea obligado a solicitar la declaración de concurso y que, además, no sean admitidas a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. Con el final de la moratoria, y dado que la Ley Concursal no ha podido ser aprobada hasta finales de agosto, cabe la posibilidad de que los juzgados de lo mercantil se vean inundados de solicitudes de concurso de acreedores.

Comienzo del año judicial

La ceremonia oficial de inicio el año judicial 2022-2023 se va a desarrollar el próximo 7 de septiembre en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El acto será presidido por el Rey Felipe VI e intervendrán Álvaro García, el nuevo fiscal general del Estado y Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ (Foto: CGPJ)

Esta inauguración se vuelve a producir con un CGPJ en situación de interinidad ante la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo en la renovación de los vocales, que llevan en funciones desde diciembre de 2018. Además, la ceremonia de este año va a estaré marcada por un elemento especial de morbo más allá de las más que previsibles críticas de Carlos Lesmes por la situación del órgano de gobierno de los jueces.

El 8 de septiembre, solo un día después de esta inauguración, es la fecha que se ha marcado el CGPJ para celebrar el pleno extraordinario en el que se va a debatir su propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional.

El presidente del TS y del CGPJ convocó este pleno después de que el Gobierno decidiera reformar su última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ en funciones pudiera proponer el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, según establece la Constitución. Esta designación debe realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior y, por tanto, antes del próximo 13 de septiembre.