Una sentencia del Tribunal Constitucional de finales del pasado año lo dejaba muy claro. Un sistema judicial eficiente –recoge ese fallo– tiene que gestionar su carga de trabajo y los retrasos, aunque esa deficiencia no sea imputable al órgano judicial. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, reza esa sentencia, merecen obtener la resolución de su litigio en tiempos razonables. Si no es así, “se incurrirá en una vulneración de derechos”.
Conocida esta sentencia y vistos los colapsos en muchos juzgados , con inadmisibles retrasos en la resolución de asuntos –aquí la cuenta se hace por largos años–, nadie rebatiría una primera conclusión: ni la justicia cumple con sus propias sentencias. Sobran los ejemplos.
El sistema es incapaz –y esa realidad se complica con las últimas protestas de los actores judiciales– de emitir decisiones rápidas y cumplir con los calendarios marcados por la propia justicia.
Algunas estadísticas o estudios (Arriaga Asociados) hablan de plazos de casi 32 meses, que pueden llegar a los 60, en la resolución de los asuntos más complejos. Esa es la media entre los casos resueltos a tiempo y los que se eternizan.
En demandas laborales, con trabajadores que se quedan sin trabajo y sueldo, y esperan el apoyo judicial, los señalamientos se fijan en un plazo de año y medio.
En la jurisdicción civil es normal ya esperar más de ocho meses para tener sentencia. Y en los casos de accidentes laborales, el retraso en la resolución de esos asuntos se demora, según datos de la propia Fiscalía, una media de seis años.
¿El origen de este colapso endémico, que se cobra esa cara factura entre los ciudadanos? Los actores judiciales coinciden: sobrecarga de trabajo, falta de medios humanos y materiales, y pocos juzgados para dar salida al actual volumen de trabajo.
La sentencia del Tribunal Constitucional que critica esos retrasos se refiere a un asunto laboral en el que se tardó tres años para el señalamiento de juicio. Y lo preocupante, por no decir muy grave, es que no se trata de un hecho aislado. Hay decenas de causas con retrasos injustificados más prolongados en el tiempo.
Un juzgado de Toledo, por ejemplo, ha señalado para junio de este año una demanda de guarda y custodia presentada en el 2017. Aquí se dirime el bienestar de un menor, cuyo padre fue denunciado por violencia machista. Pues ni así se ha corrido o podido acelerar la causa, que se arrastra en una oficina judicial desde hace seis años.
En otro juzgado de esa misma ciudad, un juez tardó, también en una causa de guarda y custodia, cuatro años y medio en dictar resolución. La madre pedía la custodia y cuando llegó la sentencia, el juez falló que al haber pasado tanto tiempo entre la demanda y la resolución la niña se había acostumbrado ya a vivir con su padre y estimó que sacarla ahora de ese entorno sería contraproducente.
En otro juzgado de esa misma ciudad, un juez tardó, también en una causa de guarda y custodia, cuatro años y medio en dictar resolución. La madre pedía la custodia y cuando llegó la sentencia, el juez falló que al haber pasado tanto tiempo entre la demanda y la resolución la niña se había acostumbrado ya a vivir con su padre y estimó que sacarla ahora de ese entorno sería contraproducente.
Arriaga Asociados, con más de 60.000 clientes en procedimientos sobre la nulidad de cláusulas abusivas, acaba de dar un paso para denunciar esos injustificados retrasos. Entienden que se está vulnerando de forma sistemática el derecho de todo ciudadano “a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva”.
Ese despacho está recurriendo los procedimientos paralizados desde hace más de dos años y dirigiendo a los juzgados peticiones de impulso. Si todos los abogados hicieran lo mismo, en esas oficinas se viviría un nuevo colapso.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, vuelve a ahondar en este endémico colapso de la justicia en su último informe. Revela que las quejas por dilaciones injustificadas en esas oficinas “no para de aumentar”. Habla, en ese informe, de un proceso judicial que lleva abierto en un juzgado de la sierra de Madrid más de 24 años.
A todo esto hay que añadir la factura, pagada por todos los españoles, por el anómalo funcionamiento de la justicia. Un informe del CGPJ revela que los errores o dilaciones indebidas costaron el pasado año 3,17 millones de euros en indemnizaciones, un 38% más que en el 2021.
Redacció: Javier Ricou
Enllaç: https://www.lavanguardia.com/vida/20230501/8934024/retrasos-son-justicia.html
Font: www.lavanguardia.com
