El decreto de las mascarillas que hace una semana convalidó el Congreso de los Diputados y que dentro de un día va a dejar de ser operativo creó dos polémicas: por obligar a su uso en las calles y por recurrir, para que los grupos parlamentarios lo apoyaran, a la actualización de las pensiones.

La polvareda sobre lo primero vino de la falta, dijeron sus detractores, de evidencias científicas que lo reforzaran. La discusión sobre lo segundo fue más política. Eso de acudir a una medida social para soslayar el rechazo a otra cosa estaba feo. Pues bien: el Congreso está tramitando una ley que convierte en algo muy pequeño aquel decreto.

Siete temas diversos (parecidos como el día y la noche), enmarcados en ocho directivas de la UE que hay que trasponer, ocupan un proyecto legislativo en manos actualmente de la Comisión de Cultura y Deporte.

Derivado de un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre y avalado por el Congreso un mes después, aunque con el matiz de que lo tramitaría como iniciativa sujeta a cambios, el proyecto afronta una larga tramitación parlamentaria porque es tremendamente extenso, farragoso en su lenguaje y de contenido controvertido. Y todo por esas ocho directivas y los siete temas que desarrolla.

Solo mencionar el enunciado intimida. Es este: «Proyecto de Ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes».

A la espera de detalles que los diputados más especializados localicen, la discusión y la presión se están focalizando por ahora en los derechos de propiedad intelectual en el espacio digital.

Se trata de una regulación problemática porque afecta a las editores de periódicos y a Google, pero no solo: aborda también las retransmisiones in streaming y la posibilidad de que alguien detenga la emisión porque suena de fondo una melodía por la que no se han pagado derechos de autor.

Este es un ejemplo puesto por una fuente parlamentaria al tanto de la directiva, y está muy resumido, pero sirve para ilustrar de qué se trata.

Una de las tres fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA remarca que la mezcla de asuntos variados en un decreto o en un proyecto legislativo no nace con el Gobierno de Pedro Sánchez. Leyes «ómnibus» se llaman. Esta es una de ellas, pero, como apunta dicha fuente, su complejidad, diversidad y extensión ha provocado estupor.

Font: www.epe.es