El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asiste hoy al Consejo Fiscal para tratar de acercar posturas tras las críticas hacia el nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya suspensión exigen seis asociaciones de jueces y fiscales.

Catalá aprovechará la celebración del Consejo Fiscal para explicar a los vocales los aspectos de la próxima reforma procesal penal que afectan a las competencias y funcionamiento del Ministerio Público, según informa la Fiscalía en un comunicado.

Al respecto, los fiscales estudiarán la futura instrucción que la Fiscalía General del Estado remitirá "sobre los plazos máximos de la fase de instrucción", que han generado una amplia polémica entre todos los operadores jurídicos.

El nuevo modelo de instrucción judicial, que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, plantea un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, en ambos casos prorrogables a instancias del fiscal o, de forma excepcional y justificada, de una de las partes salvo el juez.

No obstante, las principales asociaciones de la carrera fiscal y buena parte de las judiciales temen que hechos delictivos queden impunes e incluso han tachado la norma de "una auténtica ley de punto final".

Jueces y fiscales critican que se ponga límite temporal a las investigaciones, pero también el "absurdo" que en su opinión supone que la instrucción la dirija un juez pero sea el fiscal el responsable de pedir o no la prórroga de la misma.

Igualmente, el Consejo General de la Abogacía se ha sumado a las críticas y reclama "diálogo" entre todas las partes para encontrar una "solución consensuada" que garantice a los ciudadanos que no habrá impunidad cuando finalice el plazo de la instrucción judicial o mientras se tramita la prórroga.

En la víspera del encuentro, Catalá aseguró que "no habrá ningún caso de impunidad ni dejará de investigarse la comisión de un delito" con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Espero que encontremos criterios que nos garanticen que la Ley va a funcionar", remarcó ayer el ministro, que reconoció que la aplicación de estos plazos "implicará una carga inicial de trabajo, un trabajo de calificación", que requiere una serie de medios que planteará hoy en la reunión.

Font: La Vanguradia