Valladolid, 6 may (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presumido esta tarde en Valladolid del empeño del Gobierno central, a lo largo de esta legislatura, en dotar al ordenamiento jurídico de disposiciones y medios "para que sea más difícil la corrupción" en los ámbitos político, institucional y empresarial.
La acción legislativa en estos últimos cuatro años "ha sido intensa, exhaustiva y ambiciosa" en la lucha contra la corrupción, principalmente a partir de una actitud "vigilante y beligerante", ha reflexionado esta tarde al clausurar el II Ciclo de Justicia organizado por el diario "El Norte de Castilla".
La Ley de Transparencia, ha puesto como ejemplo, propiciará "bolsillos de cristal a todos los servidores públicos", así como el estatuto de los altos cargos y otras disposiciones relacionadas con la financiación de los partidos políticos.
No obstante, Catalá ha puntualizado que "por muy exigente que sea el ordenamiento jurídico, resulta imposible evitar la comisión de delitos en una sociedad tan compleja como la actual".
Los ciudadanos asocian la corrupción a las denuncias y condenas de algunos responsables políticos, cuya visibilidad es una demostración de que "el sistema democrático de derechos y de garantías funciona frente a estas conductas del pasado", ha agregado.
Ha elogiado el ministro en este punto la labor "minuciosa e incansable" del Gobierno central "ante la constatación de conductas reprochables, delictivas de muchos partidos políticos e instituciones, que precisamente se están conociendo porque funciona el sistema".
"El compromiso del Gobierno ha sido firme en su empeño para reconocer el problema y cerrar espacios de impunidad" con las consecuente "exigencia de responsabilidades públicas", ha proseguido.
Al recapitular el trabajo desarrollado desde el Ministerio de Justicia en el actual periodo parlamentario, Catalá se ha hecho eco de un "balance positivo, de compromiso con una reforma encaminada a una justicia mejor, propia del siglo XXI y al servicio de los ciudadanos".
Ha resaltado en este punto la fecha del 1 de julio de 2015, cuando entrará en vigor la reforma del Código Penal, donde ha condensado todo el esfuerzo y "actitud permanente" del Ejecutivo por adaptar la justicia "a las nuevas necesidades y realidades de la sociedad española del siglo XXI".
La salvaguarda de la propiedad intelectual, la protección de la intimidad en las redes sociales, la lucha contra los delitos informáticos, los derivados del odio, la xenofobia y el furtivismo son algunas de esas realidades que atiende y refuerza esa reforma, ha recontado.
La "justicia sin papel", a partir del 1 de enero de 2016, establecerá también un sistema telemático de comunicación entre los profesionales y la administración de justicia, ha recordado.
La reforma del procedimiento penal, el acortamiento de los plazos de los procesos, la mayor sensibilidad hacia las víctimas de la violencia de género y del terrorismo, y la progresiva trasposición de directiva de la UE ha mencionado entre otros ejes de esta reforma.
Rafael Catalá ha reconocido "la tensión, el debate y la crítica" que ha generado esta empresa, "como vemos habitualmente en el Parlamento", pero entiende que es fruto de afán de "búsqueda del máximo diálogo y consenso posibles para alcanzar acuerdos".
Font: La Vanguardia
