Carnicer reclamó al ministro un acuerdo sobre la Ley de Justicia Gratuita y Gallardón manifiestó su compromiso para llegar a un acuerdo.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, reclamó este lunes al ministro de Justicia que se atiendan las reivindicaciones de la Abogacía en torno al proyecto de Ley de Justicia Gratuita –donde todavía hay diferencias importantes- . Por su parte, el titular del Departamento, Alberto Ruiz Gallardón, reconoció que “hay asuntos pendientes y la forma de abordarlos es el diálogo, la aproximación y el acuerdo”.
“Me comprometo directamente a ello. Espero que en pocas horas podamos ofrecer buenas noticias y que se plasmen los acuerdos en una norma cuyo objetivo debe ser beneficiar a los ciudadanos”, dijo el Ministro, cuando queda poco tiempo para que se cierre el plazo para admitir enmiendas en el Congreso.
Tras la firma del Acuerdo Marco de Colaboración en Materia Tecnológica entre el Ministerio y la Abogacía Española que permitirá a todos los abogados españoles el uso de Lexnet, el presidente de la Abogacía manifestó a los periodistas que en el proyecto de Ley “hay líneas rojas que son inasumibles por la Abogacía”.
“Siempre hemos estado abiertos al diálogo sobre este proyecto y sobre todas las demás reformas en materia judicial, pero tiene que haber resultados en puntos fundamentales para que el servicio de Justicia Gratuita no se deteriore y aleje la Justicia de los ciudadanos en lugar de favorecer la cercanía a los justiciables”, explicó Carnicer.
Una de las novedades más criticadas de la ley es que excluye del beneficio de justicia gratuita a los trabajadores que pretendan presentar recursos de suplicación y casación ante la Jurisdicción Social.
También ha generado muchas discrepancias el proceso de obtención de justicia gratuita, que según entidades como la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) “se burocratiza aún más, incorporando más trabas y trámites para que los ciudadanos puedan acceder”. Además, el texto prevé que los ciudadanos paguen por su consulta previa con un abogado si más tarde no se les concede la justicia gratuita, “de forma que se desincentiva que se informen de sus derechos”, critica el presidente de la asociación, Antonio Agúndez.
Por otro lado, el presidente del CGAE alabó el expediente electrónico de justicia gratuita, creado por la Abogacía, mediante el que las partes se comprometen a mejorar la interoperabilidad en sus relaciones a través del uso prioritario del sistema Lexnet para el intercambio seguro de información entre órganos judiciales y abogados.
Font i Foto: diariojuridico.com
