Un juez dicta dos sentencias contradictorias del mismo caso

01/03/2016

Un juzgado de Mataró emite una sentencia y a los pocos días se rectifica a sí mismo, lo que ha motivado una queja al CGPJ. Según el Colegio de Barcelona, es un error que se ha solucionado correctamente.

 

El Juzgado de lo Social número 2 de Mataró (Barcelona) se ha convertido en el primero de España en dictar dos sentencias sobre el mismo caso. Las fuentes consultadas explican que se trata de un error informático y de coordinación, pero tiene la peculiaridad de que se comunicó -y, en consecuencia, tenía efectos oficiales- a las partes en ambas ocasiones.

 

Un proceso que puede durar más de un año

  • En mayo de 2015, el juez del Juzgado de lo Social número 2 de Mataró (Barcelona) publica dos sentencias contradictorias, con pocos días de diferencia.
  • La primera era favorable a la empresa y la segunda, contraria. La abogada, según el Colegio de Abogados de Barcelona, presentó una queja el 3 de junio.
  • La empresa ha recurrido la doble sentencia -basándose incluso en la Constitución- y en pocas semanas la Audiencia de Barcelona deberá pronunciarse.
     

El caso arranca de una reclamación económica de un trabajador hacia su empresa, en concurso de acreedores. El magistrado redactó una sentencia durante el pasado mes de mayo, que se guardó en el sistema informático de una forma que el funcionario encargado de comunicarla entendió que ya era definitiva. De hecho, el Juzgado notificó el fallo a los implicados. Dicha sentencia era favorable a la empresa.

 

La sorpresa saltó cuando a los pocos días, el juez se dio cuenta del error y volvió a redactar otra sentencia, justo en el sentido contrario a la primera, y condenó a la compañía a resarcir al trabajador. La segunda sentencia se emitió el pasado 21 de mayo. Según el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el juez dictó un auto que anuló la primera sentencia.

 

Sin antecedentes

 

Según las fuentes consultadas, no existe ningún antecedente en España de un caso de estas características. Existen dos quejas interpuestas por este caso, una ante el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), y otra ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 

Jordi Albareda, decano del Colegio de Abogados de Lleida y presidente de la comisión de relaciones con la Administración de Justicia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), reconoce que se trata de un caso extraño, pero le quita hierro, ya que, según explica, el juez anuló la primera sentencia y dio validez sólo a la segunda. La función de la comisión que dirige es canalizar las incidencias y quejas que se produzcan en relación con los juzgados y tribunales de Cataluña.

 

En cambio, la abogada que representa a la compañía perjudicada no lo entiende así y, según fuentes judiciales, ha apelado la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Además, ha planteado un recurso de inconstitucionalidad, basándose en el artículo 24 de la Carta Magna sobre la tutela judicial efectiva.

 

En su primer punto, el citado artículo de la Constitución dice: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

 

Y, en el segundo, se indica que"todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías".

 

A la espera

 

A casi dos meses de que se cumpla un año de los hechos, todavía no se han pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona ni el CGPJ. Ni mucho menos, el Tribunal Constitucional. El órgano de gobierno de los jueces sólo emite sanciones sobre un 1,3% de las quejas que recibe (ver información adjunta).

 

Desde el pasado enero, la presentación de escritos procesales y las notificaciones judiciales se realizarán obligatoriamente por vía telemática. El caso que ha provocado la denuncia ante el CGPJ se ha achacado a un error en el uso del sistema informático en el Juzgado de Mataró. A la espera de lo que dirima el Consejo General del Poder Judicial, fuentes del sector señalan que la primera sentencia tenía que estar firmada por el juez para poder notificarse.

 


El CGPJ sólo sanciona el 1,3% de las quejas

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo toma medidas sancionadoras en el 1,3% de las quejas que recibe cada año, según muestran los datos de 2014, los últimos publicados. Según 'la Justicia dato a dato', en 2014 el órgano de gobierno de los jueces recibió 13.928 quejas, de las que sólo ocasionaron algún tipo de expediente 215. Así, se recibieron 10.288 quejas relativas al funcionamiento de juzgados y tribunales (el 67,5%); 2.450 en disconformidad con una resolución judicial (16,1%), y 1.190 consideradas "inclasificables o cuestión ajena" (7,8%). El resto de aportaciones son peticiones de información, sugerencias y agradecimientos hasta un total de 15.248. La mayoría de las quejas se refieren a juzgados de primera instancia e instrucción (3.481, el 35,07%). El 82% de quienes formulan las quejas son particulares. Fuentes del CGPJ aseguran que el Reglamento número 1/1998, de 2 de diciembre, del CGPJ, de tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los juzgados y tribunales, marca el plazo de un mes para dar respuesta a las quejas. Hoy, en la práctica, se está haciendo en unos siete o diez días: sea cual sea la vía de entrada de la queja, en un máximo de 48 horas el ciudadano tiene el acuse de recibo de la misma; si la queja llega por correo electrónico, se contesta en el mismo día; si la queja llega por correo postal, puede tardar una semana, y los plazos se amplían cuando es necesario pedir un informe al juzgado. La Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) no tiene un plazo fijado para sus averiguaciones y puede mandar hasta tres recordatorios.

 

 

 

Font i Foto: Expansion.com