Renta 2015: el cobro de costas judiciales implica más cargas fiscales en el IRPF

25/05/2016
Una modificación introducida este año obliga a declarar el importe total de las costas cobradas de la otra parte en un juicio

 

 

De cara a la declaración de la renta 2015, ganar una sentencia en la justicia puede resultar algo caro. Así lo advierten desde Gestha, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda. La razón es que hace algo más de un mes la Agencia Tributaria modificó los criterios que aplica con respecto a las sentencias judiciales.

 

No se trata de una modificación que incida en exclusiva sobre los preferentistas, sino que cualquier ciudadano se puede ver afectado si durante el año una sentencia judicial le reconoce el abono de las costas del proceso, ya sea por ganar el pleito como por temeridad procesal desde la parte contraria. En cualquier caso, se deberá incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, lo que supone incrementar la progresividad de los salarios, las pensiones, los ingresos y beneficios de los autónomos o los alquileres que se hayan declarado.

 

En base a la nueva normativa, los contribuyentes no podrán asimismo deducirse los gastos de abogado y procurador, ya que estos ya han sido asumidos durante el proceso. La Agencia Tributaria entiende estos desembolsos como “gastos debidos al consumo”, un argumento que olvida, apuntan desde Gestha, que las costas judiciales tienen carácter restitutorio de los gastos objetivamente necesarios para la defensa en los tribunales.

 

Desde la entidad se critica la medida que se ha tomado, ya que es muy diferente tributar por costas que hayan superado los gastos jurídicos que se incurrieron en realidad y tributar por la totalidad de las costas, sin acceder a una posible deducción. Sobre todo si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones son los abogados los que cobran las costas de la otra parte. Así, el cliente no sabe cual es el importe total de las costas, volviendo muy difícil su declaración en el IRPF.

 

Y aquí viene el lío. No declarar el importe puede suponer que la AEAT reclame cuotas “defraudadas”, imponga intereses de demora o imponga sanciones por cuotas descubiertas. No es un problema menor: al año se dan 1,5 millones de sentencias en el sistema judicial nacional y otros 150.000 sentencias que resuelven recursos contra administraciones públicas.

 

 

 

Font i Foto: La Vanguardia