Nulidad de las cláusulas suelo y acuerdos bancarios

02/11/2017
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Desde hace ya varios años la temática de las cláusulas suelo viene siendo recurrente en sede judicial. Este asunto ha sido objeto de una concreta evolución jurisprudencial.

En 2013, el más alto tribunal estableció en su famosa sentencia, el doble filtro de transparencia que, apoyado en la Directiva 93/13/CE del Consejo, permite al juez el control de oficio de las cláusulas abusivas incluidas en un contrato celebrado entre empresario y consumidor.

Desde esa resolución, el caballo de batalla legal ha girado sobre la doctrina que el propio Tribunal Supremo estableció, limitando los efectos de la nulidad a la fecha de la sentencia. Dicha discusión se zanjó mediante la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, por la cual, los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva venían a ser el tener por no puesta la misma y eliminar cualquier efecto que la misma hubiera podido tener.

Ahora mismo en sede judicial se plantean nuevos supuestos sobre cláusulas suelo. Los bancos desde la resolución de mayo de 2013 del Tribunal Supremo han venido firmando pactos o acuerdos de eliminación o rebaja del suelo, con la clara esperanza de poder evitar el pago o devolución de las cantidades cobradas al prestatario en aplicación de la cláusula suelo.

En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 resuelve a favor de quienes hemos defendido siempre la nulidad de dichos pactos, sobre la base de que lo que es nulo de pleno de derecho no puede producir efectos ni puede convalidarse por la voluntad de las partes. Se confirma por tanto la doctrina sobre la convalidación de un acto o cláusula nula de pleno derecho.

El supuesto de hecho radica en la inclusión de una cláusula suelo en la escritura de préstamo hipotecario de los actores, quienes a raíz de la bajada de tipos de interés vieron que la cuota de su préstamo hipotecario no bajaba. En ese momento descubrieron la inclusión de la cláusula suelo por lo que protestaron al banco por dicha inclusión y por su falta de información. Tras varias gestiones, el banco y el cliente acordaron una rebaja en el suelo hipotecario del 3 al 2,5%. Posteriormente la entidad bancaria no aplicó dicha reducción.

La demanda se interpuso ejercitando como acción principal la de declaración de nulidad por abusiva de la cláusula suelo, sobre la base de la doctrina del Tribunal Supremo y subsidiariamente para el caso de que su señoría no entendiera nula la cláusula el cumplimiento del acuerdo de rebaja.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda en su acción subsidiaria. Por ello, se presentó recurso de apelación, que fue desestimado al entender la Audiencia provincial que los actores carecían de legitimación para recurrir, por lo que el recurso fue desestimado con condena en costas para los apelantes.

Se presentó recurso de casación por infracción procesal y por ser gravemente contrario a doctrina del Tribunal Supremo.

La resolución en una primera parte, estima el recurso por infracción procesal, señalando que es doctrina pacífica que existe legitimación para recurrir en aquellos supuestos en los que se ve estimada una acción subsidiaria pero no la principal.

Del mismo modo, la sentencia, entrando al fondo del asunto, declara la abusividad de la cláusula suelo al entender que la misma no es transparente. En este sentido, y siendo lo más destacable, la Sala del Tribunal Supremo incide en relación al acuerdo de rebaja del suelo, que este no puede convalidar una obligación que adolece de nulidad radical. Así, el Tribunal Supremo justifica que sobre la base del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, "(...) la nulidad de pleno derecho impide que el consumidor pueda quedar vinculado por la cláusula abusiva. No es posible otorgar al consumidor una protección menor que la que otorga la institución de la nulidad de pleno derecho en otros campos del ordenamiento jurídico pues, de otorgar una protección inferior, se infringiría el principio de equivalencia del Derecho de la Unión Europea."

Parece claro que la nulidad de pleno derecho impide que la cláusula suelo que adolezca de dicho vicio sea convalidado por la partes bien con un acuerdo de eliminación de rebaja.

Son muchos los supuestos como el que recoge la sentencia que se encuentran en sede judicial, en los que las entidades bancarias se amparan e la doctrina de actos propios o de renuncia para intentar que no se despliegue los efectos de la nulidad. La cuestión se centra en determinar si la voluntad de las partes puede disponer sobre una materia tan trascendental como son los derechos de los consumidores y usuarios. Con esto, la respuesta no puede ser afirmativa, y la nulidad de pleno derecho que ampara el ordenamiento deberá desplegar efectos para evitar que cualquier pacto o acuerdo entre partes surja efectos, pudiendo incluso los tribunales actuar de oficio incluso cuando la parte no haya alegado dicha nulidad.

 

 

Font i Foto: Expansion.com