Nuevas herramientas en la UE contra las falsificaciones online

26/10/2017

¿Es posible ganar la batalla legal contra las falsificaciones?

 

 

A partir de ahora, las diferentes plataformas online, entre las que se incluyen grandes operadores como Google o Facebook, tendrán que detectar y borrar automáticamente contenido ilegal de sus páginas.

Google, Facebook, Twitter y los proveedores de Internet tendrán, a partir de ahora, un nuevo frente de lucha en Europa: las falsificaciones de productos. La Comisión Europea ha aumentado la responsabilidad de las plataformas online para que vigilen los contenidos que se alojan en sus servidores o los productos que se venden a través de sus webs. Además de contar con tecnología para la detección automática, deben borrarlos y asegurarse de que no reaparecen.

Aunque inicialmente estos mecanismos están pensados para luchar contra el terrorismo o delitos como la pornografía infantil, también se pueden aplicar a defender la propiedad intelectual. De momento, la Comisión ha explicado que se trata de una medida de autorregulación del sector, de aplicación voluntaria, pero no descarta legislar al respecto si, para mayo de 2018, no se logran los objetivos esperados.

Las cifras son alarmantes. El mercado de las falsificaciones mueve en Europa más de 85.000 millones de euros anuales, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo). En algunos países, como Reino Unido, su impacto en la economía supone un coste para las empresas cercano a los 19.000 millones y afecta a 72.000 puestos de trabajo, según MarkMonitor. En España, los datos son algo más modestos, pero igualmente preocupantes, ya que pone en peligro cerca de 6.000 empleos.

En Francia, por ejemplo, la lucha contra la piratería de productos de lujo se ha convertido en una cuestión de Estado, ya que afecta a uno de sus grandes sectores empresariales y allí se castiga con sanciones tanto al falsificador como al comprador. Sin embargo, en otras partes de Europa, entre las que se incluye España, el debate sobre la posibilidad de multar al usuario ni siquiera se ha planteado.

Para algunas empresas el problema es de tal magnitud que, por ejemplo, el Bureau du Champagne en España ya destina el 40% de su plantilla a luchar contra la piratería y la falsificación de botellas, tal y como puso de manifiesto su directora, Nuria Gené, durante su participación en la jornada Tendencias en la lucha contra la falsificación de marcas a través de Internet, organizada por Elzaburu.

Para José Antonio Moreno, director general de la Asociación para la Defensa de las Marcas (Andema), se trata de "un negocio creciente del que no manejamos cifras exactas, pero cerca del 20% de las réplicas se venden online". En su opinión, no es un problema que pueda resolverse en cada país, sino que se necesita el apoyo de la Comisión Europea para abordarlo, ya que los delitos se cometen de forma transnacional.

Problema global

Además, el ámbito de actuación se ha vuelto global. "Al principio, se falsificaban principalmente marcas de lujo en prendas de vestir y accesorios de moda de baja calidad. Hoy en día, se fabrican falsificaciones de alta calidad de forma masiva en cualquier tipo de producto", asegura Juan José Caselles, coordinador del área antipiratería de Elzaburu y autor del libro Derecho de marcas y proceso penal.

Para Damián Fuentes, director de Hestia Consultores, "el sistema de indexación de Google, los medios de pago opaco y otros como las criptomonedas favorecen la venta online de estas réplicas". En un escenario que avanza tan rápido, este tipo de delito es "inabarcable", teniendo en cuenta que "el gran volumen de trabajo y la falta de especialización de la Administración de Justicia ralentiza -o cierra- los procesos", según María Pilar Rodríguez, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática.

Caselles, de Elzaburu, va más allá, al señalar que las falsificaciones suelen estar relacionadas con "la comisión de distintos delitos en todas las fases del proceso productivo". Por ejemplo, durante la fabricación se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores o cometer un delito contra el medio ambiente, sin hablar de los problemas de inmigración ilegal, contrabando, falsificación documental, corrupción, fraude, blanqueo de capitales o evasión fiscal en las etapas de distribución y gestión de beneficios económicos ilícitos procedentes de la venta.

 

 

Font i Foto: Expansion