Manual para abogados contra el blanqueo de capitales

27/02/2019

Identificar los riesgos y no dudar a la hora de informar o colaborar con el Sepblac son algunas de las obligaciones que tienen los despachos en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

¿Debe un abogado informar sobre las actividades ilícitas de su cliente? Frente a quienes echan mano del secreto profesional para justificar el oscurantismo en sus actividades o, simplemente, mirar para otro lado para no perder un cliente, la normativa antiblanqueo es muy clara: el secreto profesional no puede invocarse en ciertos supuestos ante la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Hay que matizar que la ley considera diferentes supuestos, por lo que el abogado no siempre está obligado a cumplir con la normativa de prevención. Sin embargo, no hay dudas cuando se trata de compraventa de bienes inmuebles, gestión de fondos, apertura de cuentas corrientes, creación de sociedades o gestión de fideicomisos, por ejemplo.

En todos estos casos, tal y como explica Alejandro Seoane, abogado fundador de Themis Estudio Legal, tanto los despachos como los profesionales que trabajan en ellos, están sujetos a diferentes obligaciones, desde aplicar medidas de diligencia o de control interno, hasta cumplir con ciertos requisitos de información.

Identificación de clientes

Si se trata de una persona física, el despacho debe solicitarles el NIF, DNI, pasaporte o tarjeta de identidad expedida por las autoridades del país de origen. En el caso de personas jurídicas, se debe realizar la identificación mediante la escritura pública de constitución. También se debe identificar a cualquier persona que actúe en nombre de una sociedad.

Titular real del negocio

Un abogado debe identificar a la persona en nombre de la cual está actuando su cliente antes de aceptar el encargo profesional. Es suficiente con la firma y sello de una declaración responsable de la persona que hace la contratación. También se puede obtener la información de fuentes fiables externas (Registro Mercantil, base de datos de titularidad real, etcétera).

Propósito del negocio

"Debemos tener un conocimiento específico de la actividad profesional o empresarial que tiene nuestro cliente", asegura Alejandro Seoane. Se debe revisar la documentación justificativa que haya aportado o mediante fuentes viables independientes. El experto recomienda, por ejemplo, hacer una visita en persona a las oficinas, almacenes o locales donde ejerce su actividad.

Examen especial previo

Cuando exista algún indicio de que la operación está vinculada de alguna forma con el blanqueo de capitales, o cuando se trate de situaciones especialmente complejas, el abogado debe realizar un examen previo y dejar constancia por escrito de la conclusión a la que llegue.

Comunicar al Sepblac

Si del examen especial se desprende que pueda existir alguna actividad sospechosa, el despacho está obligado a comunicar al Sepblac toda la información de las operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo.

Negarse a hacer el trabajo

Un abogado debe negarse a ejecutar una operación sospechosa. Si por algún motivo, no pudiera retirarse del trabajo y ejecuta la transacción, debe comunicárselo al Sepblac, explicando los motivos.

Colaborar con el Sepblac

El secreto profesional no se puede invocarse para no atender los requerimientos del Sepblac, al que hay que facilitar toda la documentación e información respecto a determinado cliente u operación. El fundador de Themis Estudio Legal recuerda que "es muy importante atender al requerimiento que hemos recibido en el plazo que nos han conferido y que lo hagamos de la manera completa". La sanción por no cumplir adecuadamente este punto puede ser, como mínimo, de 150.000 euros.

Nombrar representante (*)

El despacho debe designar a un representante ante el Sepblac, encargado de cumplir con las obligaciones de información.

Prohibición de revelación

Un abogado no puede revelar a su cliente que se ha comunicado o compartido información con el Sepblac, ni siquiera que existe la posibilidad de que pueda examinarse una determinada operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Tampoco se puede alertar a terceras partes.

Por otra parte, el experto explica que una situación diferente es cuando se está asesorando al cliente. Hace hincapié en que "si lo que hacemos es disuadir a nuestro cliente de la ejecución de una actividad ilegal, no estamos incumpliendo esta obligación".

Conservar documentación

Cualquier documento obtenido mientras se aplicaban las normas de diligencia debida debe conservarse durante diez años. Este periodo empieza a contar desde que se ejecuta la operación o bien desde que termina la relación de negocio.

Exportar el modelo

Un bufete está obligado por la normativa nacional a aplicar su modelo de prevención también en filiales o sucursales situadas fuera de la UE, en las que se tenga una participación mayoritaria.

Control interno (*)

Los despachos deben establecer un órgano de control interno encargado de ejecutar y supervisar que la firma cumple con la normativa. Además, tiene que redactar un manual con las políticas y procedimientos antiblanqueo. Una vez al año, un experto externo debe examinar las medidas de prevención y realizar una auditoría interna para revisar periódicamente estos mecanismos.

Formación

El bufete debe organizar sesiones de formación y cursos específicos para que todos sus trabajadores conozcan las políticas internas en materia de prevención.

Inscripción en el Registro

Si el despacho presta alguno de los servicios recogidos en la normativa antiblanqueo, está obligado a inscribirse en el Registro Mercantil antes del 4 de septiembre de 2019.

Canal de denuncias

El asesor legal debe contar con un canal de denuncias interno para que los empleados puedan informar de forma confidencial, bien al órgano de control o bien al representante ante el Sepblac (existe la posibilidad también de denunciar directamente ante este organismo).

(*) Sólo se aplica a despachos con más de diez profesionales y un volumen de negocio superior a 2 millones de euros.