Magistrados, abogados y notarios debaten en el Colegio Notarial de Cataluña sobre cláusulas abusivas y préstamos hipotecarios

02/04/2014

Se analizará el caso Aziz, la Ley de protección de los deudores hipotecarios, la información previa a la autorización del préstamo hipotecario y la trasposición de la directiva europea, entre otros

Hoy miércoles 2 de abril, el Colegio Notarial de Cataluña acoge la Jornada “Información y control del clausulado de los préstamos hipotecarios”, en la que participan destacados magistrados, abogados y notarios para analizar distintos aspectos entorno a las cláusulas abusivas y los préstamos hipotecarios. Los ponentes analizarán y valorarán en profundidad la legislación actual – tanto desde la perspectiva nacional como desde la europea –y la liquidación unilateral de la deuda e intereses de demora (caso Aziz); así como la Sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo y la posterior jurisprudencia, la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado; o las reformas pendientes en este ámbito desde la perspectiva notarial, entre otros.

 

 

En el trascurso de la Jornada se van a presentar ponencias sobre “La perspectiva judicial de las cláusulas abusivas”; “La liquidación unilateral de la deuda, vencimiento anticipado e intereses de demora”; “La sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo y ulterior jurisprudencia en los Juzgados de 1ª instancia”; “La legislación continuada de protección de los deudores hipotecarios hasta la Ley 1/2013”; “La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre aplicación de la reforma operada por Ley 1/2013”; “La oferta vinculante e información previa a la autorización del préstamo hipotecario”; y “La directiva europea sobre “créditos hipotecarios”, reformas pendientes en los préstamos hipotecarios.” (ver programa adjunto)
El objetivo de la Jornada es, en primer lugar, un bloque judicial, en el que se ofrecerá una visión general de las cláusulas abusivas desde la óptica de la Audiencia de Girona que fue, en su día, pionera en aplicar el abuso de derecho o el enriquecimiento injusto (caso Aziz); y, sobre todo, repasar las cláusulas que pueden ser consideradas abusivas dada la amplitud con que se han declarado por múltiples Juzgados de 1ª Instancia. Todo ello incluso tras la Ley 1/2013, de protección de los deudores hipotecarios, que sigue ofreciendo serias dudas aunque pretenda venir a solucionar cuestiones ya entonces, y que siguen, ahora candentes en lo que es la protección de los deudores, incluso por razones de derecho transitorio. Y, sobre todo, por haberse planteado, de nuevo, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de esta última reforma operada por la Ley 1/2013.
Tras la célebre sentencia “Aziz” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se quiere considerar las cuestiones que entonces se debatieron y que por ser cuestiones de derecho nacional interno no puede resolver la jurisdicción europea. En consecuencia, se trata de considerar la operatividad y legalidad de la liquidación unilateral de la deuda por la Entidad de crédito acreedora, cuándo y cómo se puede dar por vencido anticipadamente la deuda y sus consecuencias, singularmente, en cuanto al devengo de intereses de demora, a lo que se ha pretendido dar solución con la Ley 1/2013, de protección de los deudores hipotecarios.
Y, finalmente, dentro de este primer bloque, se pasará examen a la jurisprudencia de 1ª Instancia tras la famosa sentencia del Tribunal Supremo español sobre las “cláusulas suelo”, cuándo y cómo pueden ser admisibles, y, principalmente, si pueden tener efecto retroactivo, y, en consecuencia, si el orden público económico puede actuar como límite a la devolución de intereses indebidamente satisfechos por aplicación de dicho límite.
Concluye, la primera parte, con un repaso a la legislación que se ha ido promulgando con ocasión de la profundización de la crisis, y, con una especial atención a la que ha pretendido ser “ley solución” como es la Ley 1/2013, que, no obstante, tampoco ha resuelto los graves problemas de los deudores hipotecarios y de la misma garantía hipotecaria que sigue planteando graves problemas de interpretación.

Resoluciones de interés, Direcc Gnal Registros
El segundo bloque comienza con una exposición de las resoluciones que ha ido dictando la Dirección General de los Registros y del Notariado para aplicar la Ley 1/2013. Resoluciones que van desde los supuestos en que se necesita o no tasación nueva, por haber pequeña ampliación de capital junto con novación a cuándo se debe considerar que es necesaria la firma autógrafa del prestatario.
Concluye, en una primera parte, con lo que en la práctica es el principio, es decir, con la oferta vinculante por la Entidad de crédito y la información que se considera que necesariamente se le debería dar al prestatario para que tenga un perfecto conocimiento de la operación crediticia que va a firmar.
Y, en la segunda parte, se hará un examen de la Directiva europea, que se tendrá que transponer, como muy tarde al comienzo del 2016, y que implicará un cambio bastante substancial de lo que es la práctica habitual actual, tanto en operaciones vinculadas, como en la información que tendrá que ser más clara y concisa y, desde luego, en buscar soluciones que no sean la ejecución pura y simple, que tendría que devenir en último e indeseado remedio.
En este sentido, el art. 28 de la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 (DOUE de 28.2.2014) contempla en su ordinal "3" que se puedan imponer recargos -serían los intereses de demora- pero "determinarán el valor máximo de tales recargos". Y, demás, en el ordinal "4" se ordena que los Estado miembros "no impedirán" que las partes con un crédito impagado "puedan acordar expresamente que la transferencia de la garantía o ingresos derivados de la venta de la garantía del prestamista baste para reembolsar el crédito" que sería una modalidad de la dación en pago. Además, deberán los Estados miembros adoptar "medidas que faciliten el reembolso en aquellos casos en que la deuda no quede saldada al término del procedimiento de ejecución, con el fin de proteger al consumidor", sería la "segunda oportunidad o fresh start".