La frontera entre el insulto y el argumento en juicio

16/04/2018

El respeto a quienes intervienen en el proceso actúa como límite

La libertad de expresión, garantía de la tutela judicial efectiva

 

 

La libertad de expresión del letrado en el ejercicio de su profesión tiene una dimensión más amplia que en otros contextos. Este derecho tiene un carácter reforzado para los abogados en beneficio de la defensa de su cliente. Sin embargo, ello no significa que tengan una libertad absoluta. En sus intervenciones en el proceso o en sus escritos para defender los intereses de su cliente debe respetar unos determinados límites, basados en el derecho al honor, intimidad y propia imagen de los demás sujetos procesales que también participan en la función de administrar justicia, ya sea el abogado de la otra parte, el letrado de la administración de justicia, el fiscal o el propio juez.

Así lo establece la doctrina del Tribunal Constitucional, seguida por los juzgados y tribunales de España, que mantiene que siempre que la crítica del abogado se refiera a la resolución que impugna o a las actuaciones que han tenido lugar en el propio proceso judicial, y no sea un ataque dirigido a quienes intervienen en el proceso, será tolerable, incluso a pesar de que el tono empleado pueda ser excesivo o brusco. Sin embargo, si las manifestaciones del abogado se alejan del objetivo de defender los intereses de su cliente y su intención real es ofender, insultar o agredir a otro de los participantes en el proceso, serán sancionables.

Por ejemplo, en 2002 el Tribunal Constitucionaldecidió sobre un supuesto en el que un letrado empleaba los calificativos "caprichosa", "arbitraria", "groseramente contraria a Derecho" o "manifiestamente ilegal" para referirse a una resolución judicial que pretendía impugnar en defensa de su cliente. El Tribunal decidió que dichas valoraciones sólo buscaban la reparación del derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente y por lo tanto, no sobrepasaban los límites de la libertad de expresión del abogado. En los mismos términos se pronunció en una resolución de abril de 2004, ante un caso en el que el letrado manifestó que en la sentencia que impugnaba había «falsedades y barbaridades». En esta sentencia el Tribunal apuntó que la libertad de expresión del letrado, precisamente por su carácter específico, le permite una mayor "beligerancia en los argumentos".

En este sentido también el Tribunal Supremo ha señalado que "un abogado puede servirse de todos los medios a su alcance para rebatir jurídicamente una decisión judicial". Lo hizo en una sentencia de mayo de 2011 en la que decidía sobre un caso, en el que el abogado definía la resolución judicial que recurría como "una grave negligencia contraria a las normas procesales".

 

Font i Foto: cincodias.elpais.es