Justicia aprueba el viejo plan de creación de juzgados

15/04/2019
  • 53 juzgados y 22 nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados

 

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aprobó ayer dos reales decretos por los que se crean 75 unidades judiciales y se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas.

 

 
 

En el real decreto relativo a la programación de 2019 de nuevas unidades judiciales, se dispone la creación de 51 juzgados y la dotación de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados. En cuanto a los juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, ocho de primera instancia e instrucción, seis de lo penal, 11 juzgados de lo social, cuatro juzgados de lo mercantil y un juzgado decano exclusivo.

Dos decretos confirmados ayer en el Consejo de Ministros prevén 75 unidades judiciales y 80 nuevas plazas de fiscales

Además, se procede a la constitución de dos juzgados en la Comunidad Valenciana que habían sido suspendidos en 2011. En este territorio se crea también la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para atender la entrada de asuntos derivada de la instauración de la segunda instancia penal.

La fecha de efectividad de las plazas de magistrado en los órganos judiciales colegiados y la entrada en funcionamiento de los juzgados que se crean y constituyen en este real decreto será fijada por la ministra de Justicia, tras escuchar el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial.

Por otra parte, se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. En esta modificación de plantilla destaca el refuerzo de medios personales para abordar la lucha contra la corrupción con la creación de nueve plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de una plaza en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

También se adecúa a las necesidades existentes en el Campo de Gibraltar. Este refuerzo trata de garantizar una respuesta judicial proporcionada y adecuada al fenómeno de la criminalidad organizada creciente en la comarca y las provincias limítrofes, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el blanqueo.

 

Font i Foto: eleconomista.es