Cada ciudadano destina cinco euros a la Justicia Gratuita, que tramitó 1,9 millones de asuntos el pasado año

05/07/2019

La inversión pública alcanzó los 269 millones de euros en 2018, un 10% más, y 46.000 abogados del turno de oficio recibieron 142 euros de media por expediente

 

Cada contribuyente español destina 5,76 euros al año para el funcionamiento de la Justicia Gratuita, una de las garantías para cumplir el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Esta inversión pública, que en términos globales alcanzó los 269 millones de euros en 2018, un 10,6% más con respecto a 2017 (243 millones), permitió que los más de 46.000 abogados del Turno de Oficio atendieran 1,9 millones de asuntos, por los que recibieron una retribución media de 142 euros por caso.

Esta radiografía del Observatorio de la Justicia Gratuita, presentada ayer en el Consejo General de la Abogacía Española, atribuye el incremento a la recuperación económica «tras los fuertes recortes» derivados del rigor de la crisis, explicó la presidenta Victoria Ortega. La cifra de 2018, en suma, se acerca a niveles de hace una década después de tocar fondo en 2012 con 223 millones, 46 menos para asistir a personas con menos recursos o más vulnerables que acuden al abogado de oficio.

La inversión en violencia de género acompañó esta subida global de las partidas hasta alcanzar 9,5 millones, un 10,4 % más que en 2017, en un ámbito en el que las mujeres letradas constituyen ya el 54%. En jurisdicciones, la Penal acaparó 103,9 millones de gasto, seguida de la Civil, 49,7, Contencioso-Administrativo, 8,8, y Social, 4,8 millones de euros.

 



Por comunidades, Cataluña sigue liderando el gasto en justicia gratuita con 56,5 millones frente a los 43,2 de Andalucía y los 42 de Madrid, que pierde así el segundo puesto. Comunidad Valenciana y Canarias ocupan los siguientes lugares con un gasto de 35,5 y 13,8 millones, respectivamente, seguida de País Vasco con 13,3. En el lado opuesto está Galicia, que destinó 9,7 millones, un 3,5% menos. Una situación que la Abogacía Española (representa a 83 colegios) achaca a los cuatro meses de huelga de los funcionarios gallegos.

Entre las recomendaciones del informe destacan dos: la intervención letrada individual en los casos de asilo y protección internacional, más allá de la asistencia en fronteras, y la asesoría a víctimas de violencia de género previa a la denuncia y a su intervención en la comparecencia de la orden de protección.

 

Font i Foto: lasprovincias.es