Así son las propuestas electorales en materia de Justicia de los partidos políticos

08/11/2019

Las cinco principales formaciones políticas abogan por una profunda reforma del sistema que garantice una Administración accesible para todos y que impulse herramientas tecnológicas con el fin de agilizar los procesos judiciales.

 

Una Justicia más moderna y con mayor independencia del Poder Judicial. Éste es el principal eje sobre el que pivotan las propuestas más importantes de los partidos políticos de cara a las elecciones del próximo domingo.

 

Para lograr esa deseada modernización de la Justicia española, los partidos coinciden en señalar que se debe impulsar una profunda reforma del sistema, tal como manifestaron en un reciente debate organizado por el Consejo General de la Abogacía Española. Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, señala que "hay que superar la creencia de que Justicia y modernidad son cuestiones irreconciliables". Campo resalta que no "es tarea fácil, pero se deben impulsar mecanismos que modernicen el sector" y, en su opinión, "con el consenso de todos sería posible".

 

Desde el Partido Popular comparten este mensaje. Como subraya María Jesús Moro, portavoz de Justicia del PP, "la Justicia es una cuestión de Estado, que debe estar presente en la agenda política; debemos vencer la idea de que es un asunto que no importa". Para Moro existen otras dos asignaturas pendientes: "Promover una mayor agilidad y accesibilidad en los procesos judiciales, así como impulsar un lenguaje jurídico más transparente para el ciudadano". En pocas palabras, lo define como "una pedagogía de la Justicia".

Especialmente crítico con el sistema jurídico español se muestra Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, aportando un diagnóstico claro y tajante: "La Justicia se encuentra mal y, en estos 40 años de democracia, el bipartidismo político ha hecho poco por el sector". El representante del partido naranja incide, y propone en su programa electoral, en la necesidad de una reforma a conciencia del modelo actual.

 

Dentro de esta transformación considera que es una cuestión jurídica clave, apoyada por todos los partidos, "la urgencia de digitalizar la Administración de Justicia, así como los procedimientos de los protagonistas del sistema: abogados, jueces, notarios y registradores". La tecnología otorgaría "más agilidad en el funcionamiento de los juzgados y ayudaría a evitar su colapso", y lanza una pregunta que invita a la reflexión: "¿A alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, una app que avise al ciudadano cuando deba acudir a un juicio?".

 

Órganos independientes

 

La politización de órganos como el Poder Judicial es otra reforma necesaria para las formaciones políticas. Otorgar independencia en la elección de los componentes de este órgano constituye uno de los puntos de los distintos programas electorales. Gloria Elizo, portavoz de Justicia de Unidas Podemos, señala como "inadmisible la elección a dedo de los componentes" y manifiesta que, desde su partido, proponen "una reforma para que haya pluralidad en el nombramiento".

Para Vox existen otros problemas más urgentes. Macarena Olona, representante de Justicia del partido, apunta a "la necesidad de una Justicia fuerte que combata la corrupción, efectiva en los procesos y que mire a puntos como Cataluña, región que han abandonado más de cien jueces en los últimos tres años". Su programa contempla un "modelo de Justicia basado en una competencia única y exclusiva del Estado".

 

 


 

El Partido Socialista promoverá un pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia, que persiga una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes judiciales y que garantice también la modernización del sistema de acceso a la carrera judicial, estableciendo mecanismos que aseguren la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes.

 

El PSOE apuesta por derogar la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción política, así como la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, restaurando lo previsto en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

 

Además de estas dos iniciativas centradas exclusivamente en Justicia, el PSOE también propone realizar cambios en ciertas normas vigentes. De hecho, el partido asegura que aprobará un plan sobre regeneración democrática, incluyendo una ley integral sobre la lucha contra la corrupción, que contemple la protección del denunciante.

 

Promoverá acuerdos parlamentarios que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial o del Defensor del Pueblo.

 

Impulsará una Ley de Derechos Digitales y una Carta de Derechos Digitales a nivel europeo.

 

 


 

El Partido Popular asegura que busca mejorar la independencia del CGPJ y promoverá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el sentido originario del artículo 122.3 de la Constitución.

 

Fortalecerá los cuerpos nacionales de jueces y fiscales, así como el de los letrados de la Administración de Justicia, incrementando sus plantillas, siempre a través de una oposición libre y pública que garantice su independencia y capacidad técnica, con un desarrollo de carrera que reconozca su mérito y esfuerzo.

 

Aprobará un plan de inversiones en nuevas sedes judiciales para dignificar y mejorar los juzgados en toda España y para proteger a las víctimas en los procesos más dolorosos.

 

Reformará el Código Penal (CP) para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, añadiendo a los ya contemplados los siguientes: asesinatos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima; asesinato tras secuestro del rehén; muertes causadas por incendios, estragos o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos; asesinato en el que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada; o violadores reincidentes.

 

Quiere revisar el CP para recoger las nuevas formas del delito, principalmente en lo referente a los que hoy se realizan en el ciberespacio. Mejorará la tipificación de los nuevos delitos económicos, así como las nuevas formas de violencia como el acoso, la difamación y el 'bullying'.

 

El PP asegura que reformará la Ley del Menor.

 

 


 

Ciudadanos afirma que garantizará un Poder Judicial independiente y libre de injerencias políticas y reformará el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los 12 procedentes de la carrera judicial pasen a ser elegidos directamente por jueces y magistrados, evitando así el control de los políticos.

 

El partido naranja quiere cortar el cordón umbilical entre la Fiscalía General y el Gobierno de turno, para que el poder político no influya en su labor constitucional. Reformará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para exigir que el fiscal general del Estado deba ser ratificado por una mayoría cualificada del Congreso, tras acreditar 25 años de ejercicio profesional y no tener vinculación con ningún partido político. Será elegido por un periodo de seis años.

 

Ciudadanos busca incrementar los recursos de la Administración de Justicia para asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos y mejorar las condiciones de jueces, fiscales, letrados y personal de la Administración de Justicia, realizando una distribución efectiva de las cargas de trabajo y regulación la llamada carrera horizontal. Implementará, según ellos, una Justicia eficaz y digital, avanzando de paso hacia el objetivo de 'cero papel'. Se revisará el sistema de tasas judiciales para que nadie se vea privado de defender sus derechos por falta de recursos.

 

Acabará con las limitaciones temporales a la investigación judicial que impiden la resolución efectiva de casos de corrupción complejos. Eliminará la limitación de los plazos máximos de la instrucción penal y quiere poner en marcha mecanismos de refuerzo inmediato en causas complejas.

 

 

Unidas Podemos garantizará el derecho a una Justicia de calidad. La Justicia es un servicio público de acceso universal, por lo que reformará la Ley de Tasas Judiciales para que nadie quede fuera del sistema por motivos económicos. Sus profesionales, asegura el partido, desempeñan con alta calidad sus funciones en un contexto de carencia de recursos, que no ha dejado de crecer desde la crisis de 2008 y que causa situaciones de precariedad y excesiva demora. Al mismo tiempo que se aumenta el conjunto de su financiación, es imprescindible que se destine una mayor dotación de recursos a la formación y especialización de sus profesionales, especialmente, en perspectiva de género. Se asignará también una dotación suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una retribución digna para sus profesionales, y se modernizarán los Institutos de Medicina Legal y Nacional de Toxicología en reconocimiento a la labor de sus profesionales.

 

Se suprimirá la sala quinta, de lo militar, del Tribunal Supremo, y se crearán órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces y magistrados con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal.

 

España debe cumplir las sentencias del TJUE que obligan a garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios. Por eso, Unidas Podemos cambiará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de los consumidores, en especial la directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

 

 


 

Si llega al Gobierno, Vox promulgará leyes antiokupacion y antiusura. El partido verde asegura que los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar; para ello se ampliará el concepto de legítima defensa. Se tipificará la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada y se realizará una reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en horas. La participación en estas conductas excluirá de las ayudas sociales.

 

Vox restaurará todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua.

 

Recuperará también la soberanía nacional en la aplicación de los fallos de los tribunales.

 

Vox afirma en su programa que reformará el Poder Judicial para lograr una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia.

 

Suprimirá el Tribunal Constitucional y sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo.

Se hará una tipificación del despilfarro público en el Código Penal. Se inhabilitará como cargos públicos y se penalizarán los modelos de gestión que aumenten la deuda de los españoles. Por último, se exigirá la devolución de fondos obtenidos irregularmente.

 

Vox eliminará el jurado.